La lideresa social y exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, aseguró que durante la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella fue víctima de amenazas, intimidaciones y presiones por parte de actores armados ilegales que delinquen en distintas zonas de Nariño, un departamento históricamente golpeado por el conflicto armado.
Cabrera, quien participó activamente en la campaña que llevó al abogado barranquillero a imponerse en la segunda vuelta presidencial, afirmó que su decisión de respaldar esa candidatura surgió de las experiencias de violencia que ha vivido su familia y de la necesidad, según dijo, de recuperar la seguridad y la autoridad del Estado en los territorios.
“Como mujer nariñense, líder social y víctima de la violencia política que durante décadas ha golpeado nuestro departamento, participé activamente en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella convencida de que Colombia necesita recuperar la seguridad, la autoridad legítima del Estado y la esperanza”, manifestó.
La exmandataria local sostuvo que la violencia marcó la recta final de la contienda electoral. Según relató, las presiones contra quienes respaldaban determinadas opciones políticas se intensificaron en varias zonas rurales del departamento.
“Mi respaldo no nació de cálculos políticos. Nació de haber vivido en carne propia el dolor que la violencia deja en las familias y en los territorios. Durante esta campaña enfrentamos amenazas, intimidaciones y presiones. Faltando apenas dos días para las elecciones, mi hermano fue asesinado”, denunció Cabrera.
La lideresa agregó que también fue declarada objetivo militar y aseguró que grupos armados ilegales ejercieron control sobre comunidades de varias regiones de Nariño con el propósito de influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos.
“Además, fui declarada objetivo militar y en numerosas zonas del departamento los grupos armados ilegales ejercieron presión sobre la población para condicionar el voto y limitar la libertad de los ciudadanos”, afirmó.
En días previos a la segunda vuelta presidencial circularon audios atribuidos a integrantes de estructuras armadas ilegales que operan en la subregión de La Cordillera, en Nariño, en los que se advertía sobre multas para quienes no acudieran a votar y se imponían restricciones de movilidad a la población rural. Autoridades y organismos de control también recibieron reportes sobre presuntas presiones a comunidades para demostrar que habían participado en la jornada electoral mediante la presentación del certificado electoral.
Diversas denuncias conocidas durante la campaña señalaron que habitantes de municipios como Policarpa, Leiva, El Rosario y otras poblaciones del norte de Nariño habrían sido sometidos a reuniones obligatorias, restricciones a la movilidad y presiones para favorecer a uno de los candidatos presidenciales. Asimismo, se reportaron alertas por posibles prácticas de constreñimiento electoral y compra de votos en algunas zonas consideradas de alto riesgo.
La segunda vuelta presidencial que dio como ganador a Abelardo De La Espriella también estuvo rodeada de controversias por presuntas irregularidades electorales. Sectores políticos denunciaron resultados atípicos en algunas mesas de votación ubicadas en regiones con fuerte presencia de grupos armados, mientras que organizaciones y observadores alertaron sobre riesgos para las garantías democráticas en varios departamentos del país.
Uno de los aspectos que llamó la atención durante la jornada fue el incremento de la participación electoral en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó en comparación con la primera vuelta presidencial, situación que ha sido objeto de debate político y solicitudes de revisión por parte de distintos sectores.
Pese a las amenazas denunciadas, Cabrera aseguró que miles de ciudadanos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto.
“A pesar del miedo y de la violencia, miles de nariñenses acudieron a las urnas con valentía. Me siento orgullosa de haber contribuido, junto a líderes y ciudadanos de todo el departamento, a una victoria histórica que demuestra que la esperanza puede ser más fuerte que las armas”, expresó.
La lideresa sostuvo que continuará defendiendo la participación democrática y reclamó mayores garantías para quienes ejercen liderazgo social en los territorios afectados por la violencia.
“Nuestro compromiso fue y seguirá siendo con la defensa de la vida, la democracia y la libertad. No queremos que la guerra siga escribiendo el destino de nuestros pueblos ni que más familias tengan que sufrir el dolor que tantas veces hemos sufrido en Nariño”, indicó.
Finalmente, reiteró su decisión de seguir participando en la vida pública del departamento y pidió que ningún ciudadano vuelva a ser perseguido por sus posiciones políticas.
“Hoy reafirmo mi convicción de seguir luchando por un departamento donde ningún ciudadano sea amenazado por pensar diferente, donde el voto sea libre y donde la paz esté acompañada de seguridad, justicia y oportunidades para todos”, concluyó.