A pocos días de la jornada electoral, en Nariño, las disidencias de las Farc que operan en la subregión de La Cordillera volvieron a ejercer presión sobre la población civil para obligarla a participar en las urnas, imponiendo restricciones de movilidad y advirtiendo sanciones económicas para quienes no acaten sus órdenes.

A través de un audio atribuido a un cabecilla del frente Franco Benavides, estructura perteneciente al Estado Mayor Central, el grupo armado ilegal confirmó la imposición de medidas que limitan las actividades laborales de habitantes de varias zonas rurales con el propósito de garantizar que los ciudadanos se desplacen a votar.
En la grabación, el comandante reconoce la autenticidad de informaciones que habían circulado previamente sobre las restricciones impuestas por la organización armada y explica que la decisión busca evitar que los habitantes argumenten razones laborales para abstenerse de participar en la jornada electoral.
“El tema principalmente es para las personas que deben salir a votar por fuera y que se gastan de pronto un día para ir y otro día para venir. Por esa razón se va desde el día jueves, ya se deshabilitan esos trabajos laborales para que no haya excusa de que no salí a votar porque no tuve tiempo”, afirma el hombre en el mensaje.
Aunque el cabecilla asegura que el transporte público, las tiendas y restaurantes continuarán funcionando normalmente, deja claro que la medida está dirigida especialmente a trabajadores agrícolas y habitantes que deben desplazarse desde zonas rurales hacia centros urbanos para ejercer el voto.

Durante el audio, el integrante de las disidencias menciona que la restricción aplica particularmente para quienes laboran en fincas y plantaciones de la región, insistiendo en que los empleadores no podrán impedir que sus trabajadores se movilicen hacia los puestos de votación.
La grabación también hace referencia al corregimiento de La Esmeralda, uno de los territorios de la cordillera nariñense donde históricamente han tenido presencia grupos armados ilegales, y donde, según el comandante, se han presentado situaciones en las que ciudadanos argumentaron compromisos laborales para no participar en procesos electorales anteriores.
Sin embargo, el aspecto más preocupante del mensaje es la ratificación de castigos económicos contra quienes decidan abstenerse de votar.
“Ya sabemos obviamente que las personas que no salgamos a votar vamos a tener multa. Obvio que la vamos a tener, eso lo sabemos todos perfectamente”, señala el cabecilla en la grabación.
La afirmación constituye una nueva evidencia de las prácticas de constreñimiento electoral ejercidas por estructuras armadas ilegales en varias regiones del país, donde grupos al margen de la ley buscan influir en la participación ciudadana mediante amenazas, restricciones de movilidad y sanciones impuestas por fuera de cualquier marco legal.
El comandante también explica que la orden de imponer multas fue comunicada recientemente a la organización y que por esa razón no había sido socializada en reuniones previas con las comunidades.
“Esa información solo llegó el día de ayer. No se había dicho más antes esta información”, sostiene en el audio.
La situación genera preocupación entre líderes sociales y habitantes de la cordillera nariñense, una zona donde las disidencias mantienen una fuerte presencia armada y ejercen control sobre amplios sectores rurales. Organismos de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones que estas estructuras ilegales continúan imponiendo normas de comportamiento, restricciones a la movilidad y mecanismos de control social que limitan las libertades de las comunidades.
El mensaje conocido en las últimas horas se suma a las denuncias sobre la creciente injerencia de grupos armados en asuntos civiles y electorales en distintas regiones de Nariño, donde las autoridades han alertado sobre el riesgo de presiones y amenazas contra la población durante el desarrollo de procesos democráticos.
