Todo parece indicar que el Gobierno de Gustavo Petro, nuevamente, le hará ‘conejo’ al Valle del Cauca con uno de sus grandes proyectos —por no decir el principal— urbanísticos y de movilidad: el tren de cercanías. Aunque esta megaobra ya cuenta con los estudios de factibilidad y el visto bueno de la Nación para aportar el 70 % de los recursos, el presidente de la República se ha hecho el de la ‘vista gorda’ y la cuenta regresiva para firmar el desembolso está en sus últimos días.
En concreto, faltarían cuatro días calendario —antes de entrar a la Ley de Garantías— para que el Ministerio de Infraestructura firme el convenio de cofinanciación que asegure los recursos para el tren de cercanías del Valle del Cauca, una obra llamada a transformar la movilidad, la economía y la integración regional del suroccidente colombiano. Pero la falta de decisión política en Bogotá amenaza con frenar más de una década de trabajo técnico e institucional.
Este proyecto, que conecta a Cali con Jamundí en su primera etapa y luego con Yumbo y Palmira, no solo es un sueño de movilidad moderna, sino una apuesta integral por el desarrollo del Valle. La región ya cumplió: tiene los estudios de factibilidad, los avales técnicos, el modelo financiero estructurado y el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Falta solo un paso: la firma del Gobierno nacional para cofinanciar el 70 % de los recursos, tal como ocurre en los demás sistemas férreos del país. Sin embargo, esa rúbrica se ha convertido en una batalla política.
La gobernadora Dilian Francisca Toro ha insistido una y otra vez en que el Gobierno debe cumplirle al Valle. “Ya tenemos todo listo. Estamos esperando en cuenta regresiva hasta el 8 de noviembre. Siempre que hay un tren, se ha hecho en todo el país, pero al Valle del Cauca no se le ha dado ese apoyo del 70 % de cofinanciación”, advirtió. La mandataria sostiene que el tren de cercanías es una deuda histórica con el suroccidente y un motor para la equidad territorial.
El trazado inicial del tren cubrirá 23,6 kilómetros entre Cali y Jamundí. En el futuro, la línea férrea conectará también con Palmira y Yumbo, en un corredor que moverá a más de 55 millones de pasajeros al año. El proyecto está diseñado para reducir tiempos de desplazamiento, descongestionar las vías, fomentar el uso del transporte público eléctrico y aportar a la mitigación del cambio climático.
“Este tren es más que rieles, es conexión, trabajo y confianza en el futuro”, explicó María Fernanda Santa, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el Occidente. “Hace parte de una visión de región que se articula con el dragado del puerto de Buenaventura, la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la vía Mulaló–Loboguerrero. Si no se firma la cofinanciación ahora, el proyecto podría retrasarse más de dos años, y eso significaría perder el impulso técnico que con tanto esfuerzo se logró”.
Ese es el temor compartido por los gremios, los alcaldes y los ciudadanos que respaldan el tren. En una carta dirigida a congresistas y al presidente Petro, empresarios y dirigentes del Valle pidieron con urgencia la firma del convenio antes del 8 de noviembre, cuando entre en vigor la Ley de Garantías. En su misiva, advirtieron que un nuevo aplazamiento implicaría actualizar estudios, perder recursos y desarticular los avances logrados. “Cada día de retraso representa años de espera para las comunidades beneficiarias”, recalcaron.
Según la programación técnica, una vez se firme el convenio, el proceso licitatorio iniciaría en febrero de 2026, la adjudicación del concesionario en agosto del mismo año y la preconstrucción tomaría 18 meses. La operación comercial comenzaría en julio de 2033. Todo ese cronograma, sin embargo, depende de una firma que aún no llega.
Mientras la Gobernación y los gremios exigen celeridad, desde el Gobierno nacional las respuestas son ambiguas. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha reiterado que el tren de cercanías “será una realidad”, pero no ha precisado fechas ni ha mostrado un documento formal de cofinanciación. Para el Valle, esas palabras suenan a promesa dilatada.
En el terreno político, el debate ha tomado un tono áspero. Ana Erazo, concejal de Cali y militante del Pacto Histórico, considera que el Gobierno debe avanzar, pero con condiciones. “La firma de los avales técnicos y financieros es determinante para que el tren de cercanías sea una realidad. Eso no está en discusión. Pero también es cierto que un sector local presiona para arrancar sin garantizar la participación decisoria del principal financiador: el Gobierno nacional”, aseguró. Erazo pidió “blindaje institucional” y una nueva gobernanza para evitar riesgos de corrupción.
Su postura generó rechazo inmediato entre quienes defienden que el tren no puede seguir siendo rehén de la política. El exconcejal Juan Martín Bravo le respondió: “Ana, pareces el Chavo del 8: un día sí y al otro no. Votaste a favor del acuerdo que creó el ente gestor del tren de cercanías y ahora te opones. Si hay dudas, que actúen las veedurías y el control político. Pero frenar el proyecto es mezquindad con Cali y el Valle”.
Esa tensión refleja un problema de fondo: mientras en Bogotá se discuten tecnicismos y disputas partidistas, el tiempo corre y el tren sigue detenido en el papel. Para los gremios regionales, el Gobierno de Petro ha demostrado una falta de compromiso con el Valle. No solo por la demora en la cofinanciación del tren, sino por la parálisis de otros proyectos estratégicos como la vía 4G Cali–Mulaló–Loboguerrero, la doble calzada Cali–Palmira y el dragado del puerto de Buenaventura. “Gracias a Petro, el Valle se quedó sin sus obras más importantes, pero tranquilos, seguimos siendo progresistas”, ironizó Bravo.
El analista político Edwin Maldonado fue más directo: “Quien no quiera que se haga el tren por cálculos políticos, es un traidor a la región. Es increíble la mezquindad de algunos líderes que se niegan a apoyar este proyecto solo por ideología. El progreso no tiene partido. El que le pone freno al tren del Valle, le pone freno al futuro de nuestra gente”.
Los empresarios coinciden. Para ellos, el tren no es solo un proyecto de transporte, sino una herramienta para cerrar brechas regionales. En un departamento que aporta más del 10 % del PIB nacional, pero que ha sido históricamente relegado en inversión pública, el tren de cercanías representa un acto de justicia territorial. “Respaldar el tren es creer en una región que ha demostrado que, cuando trabaja unida, puede transformar su futuro”, señala el pronunciamiento de los gremios.
Más allá de los dardos políticos, el proyecto sigue siendo una deuda con el suroccidente. Desde 2016, los estudios han pasado por los filtros técnicos del Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación. Los avales están listos. La documentación del Ministerio de Hacienda también. Incluso el modelo financiero fue revisado por la banca multilateral. En otras palabras, el tren está listo para arrancar.
Pero el reloj institucional no se detiene. El 8 de noviembre es la línea roja. Si el Gobierno no firma antes de esa fecha, la Ley de Garantías impedirá nuevos contratos de gran magnitud y el tren deberá esperar, como mínimo, hasta 2027. Eso implicaría rehacer estudios, renegociar con financiadores y perder más de dos años de avances.
Para los defensores del proyecto, no hay excusas válidas. “Ya no se trata de discursos, sino de decisiones. El Valle cumplió su parte. Es hora de que el Gobierno del Cambio cumpla también”, dijo la directora de la CCI Occidente. En la misma línea, el bloque parlamentario vallecaucano —incluso con voces de diferentes partidos— ha manifestado su respaldo y exigió al presidente Petro firmar el convenio cuanto antes.
La sensación general en la región es de frustración. Mientras Bogotá prioriza otras obras, el Valle vuelve a quedar en la lista de espera. “Nos dijeron que este era el gobierno del cambio, pero parece que el cambio solo aplica para algunas regiones”, comentó un funcionario del ente gestor del tren que pidió reserva de su nombre.
El tren de cercanías del Valle del Cauca simboliza la lucha por el reconocimiento de una región que, pese a su aporte económico, ha sido marginada en la distribución de la inversión pública nacional. Su ejecución no solo transformaría la movilidad del área metropolitana, sino que sería una señal de que el Estado cumple su palabra. Si el Gobierno vuelve a aplazarlo, quedará la sensación de que al Valle se le exige todo, pero se le da poco.
Por ahora, los vallecaucanos observan cómo el reloj avanza. Faltan cuatro días. O Petro cumple su promesa, o el tren volverá a quedarse en la estación de los olvidos, junto a los proyectos inconclusos que han marcado la historia del departamento. En palabras de un líder gremial: “El Valle no pide favores, exige equidad. Y el tren es el símbolo de esa deuda pendiente con el suroccidente colombiano”.