La Procuraduría General de la Nación requirió de manera urgente a la Mesa Directiva del Concejo de Cali para que entregue información completa sobre el proceso de elección del Contralor Distrital para el periodo 2026-2029, tras evidenciar posibles irregularidades en la convocatoria pública adelantada por la corporación. El requerimiento fue enviado también al rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, entidad que acompañó la etapa de reclamaciones.
El oficio, fechado el 14 de noviembre, señala que el Concejo no ha remitido en su totalidad los documentos solicitados desde el 27 de octubre, cuando la Procuraduría formuló observaciones preventivas al proceso y pidió soportes para verificar la regularidad de cada una de las etapas. La respuesta enviada por la corporación el 5 de noviembre, según el Ministerio Público, no satisface lo requerido.
Entre las presuntas inconsistencias advertidas se encuentra la posible delegación indebida de funciones a la UPTC, para resolver reclamaciones de aspirantes, actuación que podría exceder lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018. También se cuestiona la inclusión de requisitos no previstos en la normativa, como la exigencia del certificado de Deudores Alimentarios Morosos en la inscripción, así como la solicitud simultánea del diploma y el acta de grado, documentos que no son exigidos de manera conjunta por la ley.
El ente de control también advirtió la posible omisión de la fase de acceso y exhibición de las pruebas aplicadas a los aspirantes, lo que podría vulnerar el derecho de contradicción. Además, señaló una presunta falta de publicación previa de actos administrativos relacionados con la convocatoria, como exige el artículo 8 del CPACA.
Según la Procuraduría, estas situaciones podrían afectar la validez del proceso, comprometer el principio de mérito y derivar en eventuales demandas de nulidad electoral, además de posibles responsabilidades disciplinarias para los funcionarios involucrados.
El Ministerio Público recordó al Concejo de Cali que tiene la obligación de remitir la información completa y detallada solicitada, y fijó como fecha límite el 19 de noviembre, para que la corporación entregue los documentos a través de la sede electrónica de la entidad. También advirtió que los servidores “públicos están prohibidos de omitir, retardar o no suministrar información requerida por autoridades competentes”.
La Procuraduría insistió en que su actuación es preventiva y busca evitar vulneraciones a derechos o afectaciones al debido ejercicio de la función pública, sin intervenir en decisiones administrativas de las entidades.