Este lunes 26 de junio se conoció que Gilberto Rondón sigue al frente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), a pesar del escándalo por las revelaciones en las que se evidenció que el funcionario entregó puestos de la entidad a congresistas del Partido Liberal a cambio de apoyo para las reformas sociales del Gobierno Petro.

Aunque en medio de ese escándalo se conoció que el presidente Gustavo Petro había pedido su carta de renuncia, por ahora, Rondón continúa ejerciendo funciones y no hay certeza de si envió o no dicha carta de renuncia.

“¿Qué le pasa al Gobierno de @petrogustavo? No han sacado a Benedetti ni al director del Fondo del Ahorro, que confesó entregar puestos por votos; le dan puestos a Julián Bedoya y suena que el presidente respaldará la candidatura de Mario Fernández Alcocer, cuestionado por relaciones con paramilitares, a la Gobernación de Sucre ¿Y el Cambio qué?”, dijo la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Este caso ha generado malestar en distintos sectores políticos del país, quienes consideran que Rondón convirtió la entidad en una bolsa de empleo para beneficiar a algunos congresistas del Partido Liberal.

De hecho, Rondón fue llamado a declarar a la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se abrió contra 19 legisladores liberales por todo este escándalo. La semana pasada no compareció porque presentó una excusa médica, pero dicha diligencia está programada para este lunes a las 2:00 de la tarde.

Los investigados son los siguientes: Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández, Andrés David Calle Aguas, Karyme Adrana Cotes Martinez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera, José Octavio Cardona León, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Diaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja y German Rogelio Rozo.

En los pasillos del Congreso está circulando un concepto del abogado Julio César Ortiz Gutiérrez, según el cual Gilberto Rondón no cometió delito alguno al entregar puestos a los recomendados del Partido Liberal.

En el documento, el abogado indica que los congresistas que pertenecen a la coalición de gobierno pueden acceder a cargos públicos en ejercicio de los derechos políticos para contribuir a la gobernabilidad en la administración pública.

“Ahora bien, la consecuencia lógica de pertenecer a la coalición de gobierno es, además de contribuir a la dinámica de la gestión legislativa en el Congreso de la República, la correspondiente participación en el mismo gobierno y en la administración, a través de las diferentes manifestaciones de ejercicio de los derechos políticos, dentro de los que se encuentra el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos”, dice el concepto.

Según Ortiz, también los funcionarios públicos pueden recibir hojas de vida de los congresistas, siempre y cuando no exista constreñimiento ni presión indebida. Indica que el funcionario público está en su derecho de conceder escenarios laborales a personas sugeridas, referenciadas o recomendadas por algún congresista, siempre que cumplan los requisitos legales. “Eso no es ningún delito”, reiteró Ortiz.

Recientemente, Gilberto Rondón, quien estaba al frente del FNA, dijo que él no se prestaría para cometer delito alguno al recibir recomendaciones o sugerencias, pues por su cargo está en capacidad de recibirlas siempre y cuando el aspirante cumpla estrictamente con los requisitos para acceder al cargo. Rondón ha estado en el ojo del huracán por recibir hojas de vida de congresistas del Partido Liberal.

Ortiz indicó que su concepto fue elaborado con base en jurisprudencia de la Corta Suprema de Justicia, por lo que reiteró que los legisladores liberales tampoco cometieron delito alguno.

Fondo ‘Liberal’ del Ahorro: los detalles desconocidos de los enredos de 19 congresistas del Partido Liberal que los podrían llevar a la cárcel

Diecinueve congresistas del Partido Liberal están en la mira de la Corte Suprema de Justicia por la escandalosa repartija de puestos que se presentó en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Esta fue confirmada y detallada, sin ningún tipo de asombro o pena, por el ahora expresidente de la entidad, Gilberto Rondón González, quien también tendrá que responder ante la justicia.

A Rondón se le vio en diferentes ocasiones en las comisiones del Congreso. También, en reuniones privadas del partido en la antesala de los debates de las reformas presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, buscando el apoyo en medio del caos y el inminente hundimiento de las propuestas gubernamentales. Eso es justamente lo que empieza a investigar la Corte Suprema, si esos cargos en los que contrató a personas cercanas a los parlamentarios liberales se dieron a cambio de votos.

De ser así, no hay duda, se configuraría el delito de cohecho, encarnado como máximos exponentes por los exrepresentantes a la Cámara Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a causa de su voto transado para la reelección, entonces, del expresidente Álvaro Uribe.

Ese lío de marca mayor ya está en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien ya notificó a los 19 congresistas liberales.

Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Yesid Guerrero Avendaño, Alexánder Harley Bermúdez, Álvaro Leonel Rueda, Álvaro Henry Monedero, José Octavio Cardona, Sandra Bibiana Aristizábal, César Cristian Gómez, Karime Cotes, Andrés Calle, Dolcey Óscar Torres, Flora Perdomo Andrade, Gilma Díaz Arias, Germán Rozo, Hugo Alfonso Archila Suárez y Mónica Karina Bocanegra Pantoja ya tienen la apertura de indagación. Mientras tanto, citó a declarar a Gilberto Rondón para el próximo 23 de junio a fin de escuchar su versión.

Públicamente, ha dicho que, si un partido acompaña a un candidato y este gana, tiene derecho a participar en el Gobierno, “porque cada quien gobierna con su gente”. Una transacción de extrema sinceridad que podría convertirse en delito.

Por el momento, se están recolectando elementos materiales probatorios para verificar si los representantes y senadores de la bancada liberal incurrieron en una falta. Fuentes cercanas a la Corte indicaron que en este caso, además de cohecho, se podría configurar interés indebido en la celebración de contratos y concusión (por el abuso del cargo para exigir puestos).

El presidente del FNA no ha ocultado su cercanía con el Partido Liberal y mucho menos con su jefe único, el expresidente César Gaviria Trujillo, quien ha tenido una relación de amores y odios con el Gobierno Petro. En septiembre pasado, SEMANA reveló que el Fondo era un fortín de los liberales, y Rondón había recibido el voto de confianza para ser designado en la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, encargada de otorgar créditos a baja tasa de interés.

En otras palabras, era la cuota de Gaviria y del partido del trapo rojo para este importante cargo, calificativo que hasta ese momento no provocó mayor reproche ni motivó una rectificación o queja. Cinco meses después de su designación, en marzo, al correo electrónico de Rondón empezaron a llegar un inusitado número de hojas de vida. Entonces, en la entidad empezaron a hablar de una barrida de empleados y la contratación masiva de personal de forma exprés para el ingreso de nuevos trabajadores para todo tipo de cargos.

Esto coincide, además, con la expedición del decreto por medio del cual se extendió la planta de personal para llegar a 1.237 empleados dentro del Fondo. Debido a la avalancha en la contratación, la nueva administración de la entidad se habría visto en la ‘necesidad’ de salir, en menos de un mes, de 30 personas que llevaban varios años trabajando para cumplir, al parecer, con las promesas que les habían hecho a los liberales.

La Sala de Instrucción quiere establecer si estas hojas de vida eran recomendadas por los políticos liberales que utilizaron los polémicos cupos indicativos, aparte de su influencia, para utilizarlos como una moneda de cambio a fin de votar favorablemente las reformas del Gobierno Petro, pese a la posición antagónica entre el jefe de Estado y el expresidente Gaviria, que ya no se pueden ni ver.

El alto tribunal revisa con lupa cada uno de los nombramientos de Rondón, verificando si los contratados cumplían con los requisitos establecidos para los respectivos cargos, si tienen alguna vinculación con los políticos liberales y si existía alguna justificación para su vinculación.

Esto obedece a la variedad de hojas de vida. Algunas poco o nada tienen que ver con el manejo de las cesantías y ahorros, pues se encuentran profesionales de áreas tan diversas como filosofía, todo tipo de técnicos, pastores de iglesia y hasta un viejo conocido en las toldas liberales, Dixon Ferney Tapasco, hijo de Ferney Tapasco, exdiputado de la Asamblea de Caldas, condenado a 36 años de prisión por ordenar el asesinato del periodista Orlando Sierra, registrado el 30 de enero de 2002.

El expediente ya cuenta con una entrevista que dio Rondón en la W Radio y en la que, sin inmutarse, aseguró que todo esto era válido cuando se está gobernando. “Es una participación burocrática legal, la mermelada son los contratos, eso es distinto”.

Pidiendo perdón por ser “inmodesto”, el presidente del FNA no dudó en asegurar que los que apoyaran al presidente Petro debían tener una participación democrática. “Es una obligación mía, porque hago parte de un Gobierno que me ha dado la oportunidad, hay que sacar unas reformas. Entonces, yo también tengo que, como parte de ese Gobierno, contribuir a que se haga. Por eso, hice una reunión con el Partido Liberal y les pedía que ayudaran”.

Por el presunto manejo inadecuado de la planta de personal al vincular y desvincular personas sin tener en cuenta los perfiles y requisitos exigidos para ocupar los cargos, Rondón ya cuenta con una investigación disciplinaria en la Procuraduría. La Unidad Delegada para la Vigilancia Administrativa revisará la contratación adelantada, al parecer de manera irregular, para ocupar cargos de profesiones distintas a las requeridas en los puestos para los que se recibieron aspirantes y en los que posteriormente fueron ubicados.