Un juez de la república emitió sentencia en contra de cinco mujeres que integraban una organización encargada de realizar intervenciones quirúrgicas estéticas sin autorizaciones legales en Medellín, Antioquia.
La decisión judicial se notificó luego de que las procesadas aceptaran los cargos civiles y penales imputados por la Fiscalía General de la Nación. El expediente detalla que las actividades se realizaban en instalaciones que no contaban con los permisos sanitarios correspondientes.
Las víctimas de este grupo corresponden a decenas de ciudadanas que sufrieron daños permanentes en su integridad corporal. La Fiscalía identificó a las coordinadoras de las actividades como Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, quienes actuaban en compañía de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo.
Contacto con las víctimas y consecuencias tras los procedimientos
El grupo de mujeres se ponía en contacto con sus pacientes por medio de publicaciones y mensajes difundidos a través de diferentes redes sociales, donde les hacían la promesa de realizar un procedimiento estético.
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador demostraron que, entre abril de 2023 y mayo de 2024, la red se puso en contacto con 55 mujeres prometiendo realizarles procedimientos de transferencia de tejido graso.
Los peritajes determinaron que los espacios utilizados correspondían a viviendas familiares adecuadas como salas de operaciones temporales. Según dio a conocer la Fiscalía, como consecuencia de las cirugías invasivas, más de 40 ciudadanas contrajeron una bacteria que les generó secuelas motrices y alteraciones físicas irreversibles.
El informe de la policía judicial de la Seccional Medellín determinó los roles individuales asumidos por cada una de las personas vinculadas a la investigación.
A su vez, el ente judicial acreditó que Mosquera coordinaba las operaciones simulando tener la profesión de médica, a pesar de no poseer formación académica ni registros habilitantes en el sector salud.
En la estructura, Rojas asumía las gestiones comerciales de recaudo económico, mientras las tres procesadas restantes suministraban anestesia y realizaban masajes posquirúrgicos.
Cargos imputados y continuidad de los trámites penales
El juzgado a cargo del caso impuso sanciones privativas de la libertad que oscilan entre los 83 y los 88 meses de reclusión en centro carcelario.
Las implicadas aceptaron su culpabilidad en la comisión de los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada masiva. Por su parte, la procesada Mosquera Aguirre mantendrá un expediente abierto por la modalidad agravada de concierto para delinquir, cargo que decidió no admitir en la audiencia.