La exposición de pruebas que hizo ayer Magda Sofía Ramírez, la fiscal 40 de la unidad de delitos contra la administración pública de Medellín, para tratar de convencer al juez 27 penal municipal con función de control de garantías de que Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, debe ser enviado a la cárcel, fue un bombazo que la sociedad paisa apenas está digiriendo.
Durante una diligencia judicial que duró más de cuatro horas, la funcionaria presentó pruebas que demostrarían cómo, según dijo, Miguel Quintero Calle planeó tomar el control de dos subdirecciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuando su hermano era el alcalde de Medellín, para nombrar y despedir funcionarios, manejar contratos y apropiarse de parte de los recursos.
Aunque esto no era algo nuevo, pues se conocía de la audiencia de imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en su contra, sí era un adelanto del desfile de pruebas que se mostraría para argumentar la necesidad de que sea puesto en la cárcel.
Según reveló la fiscal, en medio de esta investigación se han movido algunos de los poderes políticos más pesados de Antioquia para llevar abogados hacia la cárcel de El Pedregal y tratar de intimidar a Misael Cadavid, el testigo estrella de la investigación, con la finalidad de que se echara para atrás en su intención de colaborar con la justicia.
Sin embargo, Cadavid, médico de profesión y amigo de antaño de Miguel Quintero Calle, luego de ser capturado y puesto entre la espada y la pared por las pruebas recaudadas por la Fiscalía, decidió firmar un principio de oportunidad a cambio de que la justicia cesara la persecución en su contra y quedara en libertad.
Como contrapartida, la Fiscalía recibió información detallada de los movimientos que comprometen a Miguel Quintero Calle en el saqueo del Área Metropolitana.
Pero Cadavid, que era el representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, no fue el único en hablar. La Fiscalía reveló ayer que cuenta además con información lograda tras el preacuerdo de Juan Alberto Cardona Henao, contador que era el tesorero de los bomberos y quien logró un beneficio judicial que lo llevó a ser condenado a apenas 19 meses de prisión (que son excarcelables), además con los interrogatorios a Laura María Mejía Higuita y María Janeth Rúa García, quienes trabajaban en el Área Metropolitana y también firmaron principios de oportunidad.
Parte de esa información, según la fiscal, le permitió establecer cómo se estructuraron seis contratos firmados entre el Área y los Bomberos de Itagüí por un monto de 17.000 millones de pesos y cómo se movieron esos recursos para que a bolsillos de Miguel Quintero Calle fuera a parar el 15 % de esos recursos, es decir, 2.481 millones de pesos: 1.654 millones de pesos en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.
En la audiencia, la fiscal mencionó parte de los interrogatorios a los que se sometió Misael Cadavid, pruebas del ingreso de un listado de 17 abogados a la cárcel El Pedregal, algunos de los cuales fueron a visitarlo para hacerle un pedido expreso: callarse.
“Recibí dos visitas a ofrecerme sus servicios… He recibido ofrecimiento de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de La Estrella, que costaba $400 millones, que él ponía $200 millones y que yo pusiera $200 millones. El ofrecimiento fue rechazado”, dijo Cadavid a la Fiscalía.
Sebastián de Dios Ortega Urán es un joven empresario de la región paisa que, aunque no trabaja en el Área Metropolitana, se unió a varios grupos de WhatsApp gracias a su relación con Miguel Quintero Calle. Uno de esos grupos se llama los Amiguitos, y según la Fiscalía, en este grupo coordinaban la contratación y la terminación de contratos de funcionarios que eran favorables o desfavorables para las operaciones dentro de esa entidad.
Además, recibiendo dineros que debían ser destinados al objeto de los seis contratos firmados con los bomberos, que eran formación para los bomberos de los diez municipios del Área Metropolitana y kits de bioseguridad para las comunidades en medio de la pandemia del covid-19.
Según Cadavid, también lo visitó en prisión un enviado del cacique de la política en Itagüí, el conservador Carlos Andrés Trujillo, que fue alcalde de ese municipio, representante a la Cámara y más recientemente senador.
“Me visitó el personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz Tabares; básicamente fue a llevarme una razón de parte del jefe. El acceso se extendió a su hija, citada al despacho del alcalde y presionada para aceptar abogados que ella rechazó”, agregó.
Otra de las visitas que recibió Cadavid en la cárcel fue la del polémico excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, quien terminó siendo inhabilitado del cargo por la Procuraduría en 2019 por el escándalo en el Hospital La María, al someterse a cirugías con beneficios económicos siendo que era el encargado de vigilar fiscalmente a esa entidad.
Durante la diligencia, la fiscal también dio a conocer un hecho de suma gravedad: la infiltración de funcionarios en la misma Fiscalía para consultar información reservada del proceso y extraer documentos clave en la investigación.
La funcionaria detalló que el 16 de julio, cuando las solicitudes de audiencias habían sido radicadas, personas desde la Fiscalía ingresaron al SPOA, que es el sistema en el que se documentan las acciones de los investigadores, y realizaron 334 consultas de información sin que sus labores tuvieran que ver con el caso, es decir, sin autorización para ello.
Incluso, que un día después, el 17 de julio, se hicieron 293 descargas de información que para esa fecha eran reservadas y que una funcionaria descargó parte de esos archivos.
“Varios usuarios de la Fiscalía consultaron en SPOA el radicado 050016000248202423559 y los datos del imputado. Una servidora de la entidad, sin asignación del caso, descargó los archivos del expediente. Es material reservado y aún no descubierto, que incluye a testigos de cargo pendientes”, se leía en una diapositiva usada por la fiscal para exponer la gravedad de esos hechos.
El que personas ajenas a ese proceso hayan tenido acceso, dijo, podría poner en riesgo el debido desarrollo de las labores de sus funcionarios para establecer con certeza las responsabilidades del caso.
Entretanto, la Fiscalía dio a conocer los movimientos migratorios de Miguel Quintero Calle para argumentar que, en caso de ser dejado en libertad, este podría huir con facilidad del país para hacerle el quite a la investigación.
Información entregada por Migración Colombia el 26 de agosto le permitió a la fiscal establecer que Quintero Calle salió por lo menos en nueve ocasiones de Colombia, con destino a Panamá y a Orlando, en Estados Unidos, aunque en todas regresó. De hecho, ayer estuvo en la audiencia.
“Estancias continuas fuera del país de 65, 88, 38 y 23 días. Entre el 12 de abril y el 22 de octubre de 2023 permaneció fuera del territorio nacional 153 de 193 días, acumulando solo 40 días de permanencia en Colombia. En el consolidado de 2023 y 2024, su permanencia total en el exterior asciende a 214 días”, expuso.
“No se invoca la sola gravedad del delito: el riesgo se sustenta en datos verificables certificados por la autoridad migratoria”, concluyó.
La audiencia fue suspendida por petición del abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, que defiende a Miguel Quintero Calle, quien tendrá hasta el lunes para revisar una a una las pruebas exhibidas por la fiscal.
Ese día, a las 2 p. m., se reanudará para que este se pronuncie y logre convencer al juez 27 penal municipal con función de control de garantías de que no es necesario enviar a Miguel Quintero, quien se declaró y negó cualquier responsabilidad, a la cárcel.
Aun así, cabe recordar que la Procuraduría también respaldó el pedido de la Fiscalía para que el abogado Miguel Quintero Calle, de 49 años, sea puesto en prisión.
También ese día, si el tiempo lo permite, el abogado del Área Metropolitana, en calidad de víctima, argumentará para que el mismo juez envíe a la cárcel a Sebastián de Dios Ortega, solicitud que no hizo la Fiscalía.
En este proceso también están siendo investigados por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a quien, según la Fiscalía, Miguel Quintero Calle puso en el cargo, Álvaro Villada y Vanessa Álvarez.
Por ahora, ni el excontralor Zuluaga, ni el personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz Tabares, ni el exsenador Trujillo se han pronunciado sobre los señalamientos.