Una fuente cercana al proyecto de la ‘paz total’ contó en SEMANA que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se presentan los hombres que comandó alias Otoniel ante el Estado, hicieron llegar pruebas a la oficina del alto comisionado para la paz, Danilo Ruda, con el propósito de desmentir su participación en los hechos de violencia que ocurrieron en el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño.
La tesis fue expuesta frente a los datos recopilados por los investigadores de la Policía y el Ejército, que los vincula directamente con la alteración del orden público, teoría que contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro y el gobernador Aníbal Gaviria. Hay audios, imágenes y testimonios de capturados que no niegan las órdenes del grupo ilegal.
En contravía, le señalaron al Gobierno nacional que las autoridades que tienen la lupa sobre la manifestación tendrían información imprecisa. Por ejemplo, se desligaron de los ataques que sufrió la misión médica y la destrucción de varios automotores de carga pesada. Estos actos fueron calificados como terroristas y confinaron a 300 mil personas.
Ellos justificaron que, al parecer, otras estructuras delincuenciales que operan en la zona habrían utilizado su nombre para generar el caos. Se trataría del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque no se apartaron de los intereses de los mineros informales que ajustan 18 días de protestas en el municipio de Caucasia y el resto de la subregión.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia también amparan la idea de suspender las operaciones de la fuerza pública contra la extracción ilícita de yacimientos, mientras el territorio se convierte en un distrito minero. Así se lo hicieron saber al comisionado, luego de que tomara fuerza la hipótesis de sus responsabilidades en los actos de violencia.
Le agregaron que los guerrilleros tendrían la intención de afectar su transición hacia la legalidad, además de otros actores que estarían dentro del Estado. Ese inconformismo se estaría tramitando en una sangrienta confrontación en la zona rural de los municipios de Valdivia y Yarumal que, según el Ministerio Público, ya dejaría a 18 combatientes sin vida.
Entre tanta información, les argumentaron a los representantes del Gobierno que los cabecillas que fueron identificados como los financiadores de los estragos del paro —por parte de la inteligencia militar— hace tres meses se habrían aislado de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar. Se trataría de alias Chirimoya, Gavino y Darío.
Estos actos de violencia se configurarían como una de las primeras crisis del proceso de paz que adelantan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Estado que, de momento, se mantiene en el diseño de cómo implementar los protocolos de verificación al cese bilateral al fuego que anunció el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre.
Una fuente cercana a ese proyecto manifestó que hay urgencia para establecer las reglas del juego para evitar la desinformación, a razón de que tendrían evidencia para probar que el nombre de la estructura delincuencial estaría siendo suplantado con el fin de empantanar la conversación, con énfasis en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño.
En esos territorios coincide este grupo armado ilegal con el ELN y las disidencias de las Farc. De acuerdo con los cálculos del Ejército Nacional, los tres suman —aproximadamente— más de mil personas, tanto en las veredas como en las redes de apoyo en los barrios. Los tres tienen como combustible económico la minería, el narcotráfico y la extorsión.
Todos están montados en la ‘paz total’. No obstante, el conflicto sigue activo. La Gobernación de Antioquia denunció que las dos organizaciones delincuenciales que suscribieron el cese al fuego con el Gobierno nacional lo han violado en los municipios de las subregiones del norte, nordeste y Bajo Cauca, rutas estratégicas del departamento.