El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la decisión de una juez de esa ciudad que anuló la imputación de cargos al exalcalde Daniel Quintero Calle por el escándalo de Aguas Vivas.
La jurista indicó en audiencia realizada este martes, 14 de julio, que la Fiscalía no cumplió con lo que exige la ley para que ese procedimiento jurídico avance en la investigación.
“Se suscitó una afectación al derecho al debido proceso (...) dado que la Fiscalía no cumplió con la carga establecida en lo concerniente a expresar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible, dado que no explicó con suficiencia que la conducta desplegada se adecúa típicamente al delito endilgado”, dijo.
La jueza consideró que “esta ausencia de detalle configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa (...) dado que se observa una absoluta falta de claridad y ausencia de definición en las circunstancias concretas que impiden que se ejerza una adecuada defensa”.
El alcalde Gutiérrez manifestó que respeta la decisión, pero “como víctimas, no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso”.
“Confiamos en la apelación para que sea el Tribunal Superior de Medellín el que revise esta decisión y permita que el proceso continúe sin dilatarlo. Vamos a defender hasta las últimas instancias los recursos de la gente”, señaló.
“Que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer. Aquí todos sabemos quiénes fueron los que se robaron a Medellín”, añadió.
Quintero Calle, hoy superintendente de Salud, celebró la decisión y expresó: “¡Dios, gracias! Se hizo justicia. Anulado el caso de Aguas Vivas. Fui perseguido por Fico y una Fiscalía politizada para sacarme del camino a la Presidencia y favorecer a Abelardo De La Espriella”.
Además, reiteró que se trata de una persecución contra su familia y que pedirá a la CIDH que le proteja.
Según el ente acusador, el exalcalde incurrió en delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos con tres particulares para permitir el avalúo en más de 40.000 millones de pesos de un predio en El Poblado, sur de Medellín.