En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la fiscal 40 de la unidad de delitos contra la administración pública reveló que personas ajenas a esa investigación tuvieron acceso a información del expediente.
La funcionaria detalló que el 16 de julio, cuando la solicitud de audiencias ya habían sido radicadas, personas desde la Fiscalía ingresaron al SPOA, que es el sistema en el que se documentan las acciones de los investigadores, y realizaron 334 consultas de información.
Más grave aún es que el 17 de julio se hicieron 293 descargas de información que para esa fecha eran reservadas y que hayan sido conocidas por personas ajenas a ese proceso podrían poner en riesgo el debido desarrollo de las labores de sus funcionarios para establecer con certeza las responsabilidades del caso.
“Varios usuarios de la Fiscalía consultaron en SPOA el radicado 050016000248202423559 y los datos del imputado. Una servidora de la entidad, sin asignación del caso, descargó los archivos del expediente. Es material reservado y aún no descubierto, que incluye a testigos de cargo pendientes”, dice una diapositiva usada por la fiscal para exponer la gravedad de esos hechos.
La fiscal cree que Miguel Quintero Calle, imputado por peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, es el cerebro de un entramado criminal para saquear los recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el periodo en que su hermano Daniel Quintero Calle fue alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de esa entidad.
Miguel Quintero Calle se declaró inocente en ese caso, pero la investigación tiene un testigo estrella, Misael Cadavid.
Él, médico de profesión, era el representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, con quien el Área Metropolitana firmó seis convenios interadministrativos para capacitar a los bomberos del Valle de Aburrá y brindar ayudas en plena pandemia del covid a la población más afectada.
Cadavid fue imputado por el mismo escándalo, enviado a prisión y, cuando se vio contra las cuerdas, decidió firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de que cesara la persecución penal en su contra.
Entregó información que enloda a Miguel Quintero Calle, principalmente y, a modo de reparación, entregó una camioneta avaluada en 700 millones de pesos.
Ahora, denunció presiones indebidas para que se retracte de la información entregada. Incluso, la Fiscalía documentó visitas entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a la cárcel de El Pedregal, donde estaba recluido, para hacerle diferentes ofrecimientos.
“Recibí dos visitas a ofrecerme sus servicios... He recibido ofrecimiento de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de La Estrella, que costaba $ 400 millones, que él ponía $ 200 millones y que yo pusiera $ 200 millones. El ofrecimiento fue rechazado”.
Ortega es otro de los investigados en esta causa. De hecho, el abogado del Área Metropolitana, en calidad de víctima, pedirá que también sea enviado a prisión.
El resultado de esta audiencia solo se conocerá la próxima semana, pues el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, que defiende a Miguel Quintero, anunció que pedirá tiempo para revisar las pruebas.