Para las 2:00 p. m. de este miércoles, 16 de septiembre, quedó fijada la audiencia que podría definir si Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, es enviado o no a la cárcel por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La Fiscalía anunció que pedirá que Miguel Quintero sea cobijado con medida de aseguramiento intramural tras ser señalado de ser el cerebro de un entramado criminal por medio del cual se direccionaron seis contratos de esa entidad, por cerca de 17 mil millones de pesos, hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para apropiarse del 15 por ciento de esos recursos.
El ente acusador no tiene dudas que que ese entramado existió, pues el extesorero de los bomberos, el contador Juan Alberto Cardona Henao, admitió mediante un preacuerdo con la Fiscalía que falsificó cuentas de cobro y otros documentos para tratar de engañar a las autoridades y demostrar que los recursos tuvieron el destino que debía dárseles y fue condenado.
A su vez, el médico Misael Cadavid, exrepresentante legal de los bomberos, firmó un principio de oportunidad para que cesara la persecución judicial en su contra, se volvió testigo clave de la Fiscalía, entregó información preponderante y una camioneta avaluada en 700 millones de pesos a modo de reparación al Área Metropolitana, en calidad de víctima.
Ahora, en la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló detalles clave de la investigación. Incluso, mencionó grupos de WhatsApp en los que estarían Miguel Cadavid, Álvaro Villada y Sebastián de Dios Ortega Urán, uno de los cuales tenía un nombre grotesco: “ Alternativos grupo de trabajo sin condones”.
Es más, según la Fiscalía, “desde diciembre de 2019 Miguel Quintero promovió la conformación de la estructura recomendando a Juan David Palacio el nombramiento de Álvaro Villa García, quien asumió el cargo a partir del 22 de enero del año 2020, y desde ahí, instruyó y generó la idea en Villada y en Palacio de tomar el control de la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.
Juan David Palacio fue nombrado director del Área Metropolitana tras ser postulado por el entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle ante los alcaldes de los otros nueve municipios que integran ese ente descentralizado.
Él también está siendo investigado en esta causa, y aunque está en libertad, fue imputado por direccionamiento de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
El ente acusador también señaló a Miguel Quintero de participar en un presunto acuerdo económico que “se concretó en junio del año 2020 en las mismas instalaciones del Área Metropolitana del Valle Aburrá en la ciudad de Medellín, entre Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid”.
Ese acuerdo, según la Fiscalía, buscaba “impartir orientaciones sobre nombramientos y contratación, concertar la cuota del 15 %, de ella recibir el 10 %, y ordenar a finales del año 2020, inicio de 2023, el cambio de intermediario o de quien recibía esta cuota ilícita”.
Es decir, para la Fiscalía, Miguel Quintero fue quien “estableció la cuota ilícita, dirigió su recaudo y su distribución y recibió efectivamente el pago de la coima de los seis contratos”.
El monto que, según la Fiscalía, fue a parar a los bolsillos de Miguel Quintero es de 2.481 millones de pesos, 1.654 millones de pesos en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.
Este miércoles, ya anunció la Fiscalía, se hará una extensa exposición para convencer al juzgado 27 penal municipal con funciones de control de garantías que Miguel Quintero no solo es un peligro para la sociedad, también que podría huir para evitar responder a la justicia y además que podría significar un peligro para el proceso judicial.
Entre esas cartas estarían fotos de Miguel Quintero en las que exhibía armas de fuego, supuestos movimientos para tratar de dilatar el proceso y una estrategia de desprestigio que en redes sociales se echó a andar para tratar de desacreditar a Misael Cadavid como testigo clave de la Fiscalía.
Y aunque este miércoles podría ser clave para la libertad de Miguel Quintero Calle, también es posible que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento no finalice hoy, pues Santiago Trespalacios Carrasquilla, su abogado defensor, anunció ayer ante el juzgado que si es debido pedirá el tiempo que le sea necesario para revisar el material probatorio que le haga llegar la Fiscalía.
“Su señoría, con su debido respeto, pero es que esto no es Poker (…), no sé qué me va a entregar la señora fiscal y si esta defensa necesita tiempo para preparar la defensa, tiempo solicitaremos, y yo no participaré de una diligencia en la que me ferrocarrileen los términos y también tengo un compromiso el jueves inaplazable y el viernes inaplazable. Lo más seguro es que, entréguemelo hoy o mañana, voy a pedir el término”, dijo el abogado.
“Discúlpeme, que esto no es una feria de garantías (...), hemos sido muy respetuosos con todos los términos para que la Fiscalía haga su trabajo (...), no será la audiencia más gravosa, que es la de mi defendido, la que ahora sí todos corramos y se le quiten los términos a la defensa para su intervención”, añadió.
Aunque la Fiscalía manifestó que solamente pedirá cárcel para Miguel Quintero, el abogado del Área Metropolitana, en calidad de víctima, pedirá que el joven empresario Sebastián de Dios Ortega Urán también sea cobijado con la misma medida.