Un fiscal de la Seccional Antioquia presentó ante la justicia a Julia del Carmen Pérez Pérez, de 62 años, y a Jesús María Torreglosa Polo, de 65 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un ciudadano de 56 años.
Los hechos investigados por las autoridades ocurrieron el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito, ubicada en jurisdicción del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por los peritos judiciales, la mujer habría iniciado una discusión con la víctima, quien era su compañero sentimental, para distraerlo.
En ese instante, Torreglosa Polo habría atacado al hombre por la espalda, causándole una herida letal en el cuello mediante el uso de un arma cortopunzante.
Móvil del crimen y dinámicas de convivencia
Las labores de inteligencia permitieron determinar que el ataque se habría planeado para tomar posesión del inmueble habitado por la víctima. Sin embargo, las indagaciones posteriores revelaron que los procesados desconocían que la propiedad no pertenecía formalmente al fallecido, lo que desvirtuó los incentivos económicos que motivaron la agresión en la zona rural.
Durante el proceso se logró establecer que la víctima y los dos investigados compartían la misma residencia. Esta circunstancia de convivencia previa habría facilitado la planeación del crimen e impedido que la víctima anticipara el ataque en el interior del inmueble.
Imputación de cargos y medida de aseguramiento
En el desarrollo de las audiencias concentradas, el ente de control presentó las evidencias recolectadas durante el período investigativo. Sobre las decisiones del despacho judicial, los voceros del organismo informaron que “la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por los procesados” ante el juez de control de garantías.
Pese a la gravedad de las conductas punibles imputadas por la Fiscalía General de la Nación, los procesados no fueron enviados a un centro carcelario tradicional.
Respecto a la determinación sobre la reclusión, la institución precisó que “por disposición judicial, fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio debido a su avanzada edad”.
Continuidad del proceso penal
El ente fiscal continuará con la recolección de testimonios y pruebas periciales para avanzar hacia la etapa de juicio oral. Con este procedimiento se busca obtener una condena definitiva por el delito de homicidio agravado en contra de los dos imputados.
Las autoridades locales reiteraron el llamado a la resolución pacífica de los conflictos familiares y comunitarios. Asimismo, recordaron que los canales de la Fiscalía permanecen abiertos para recepcionar denuncias sobre actos de violencia en las zonas rurales del departamento.