Acorralado por la justicia, uno de los salpicados en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el periodo de Daniel Quintero Calle como alcalde, decidió firmar un principio de oportunidad para que, a cambio de información, la Fiscalía cesara la persecución judicial en su contra.
Tal y como lo reveló SEMANA en su más reciente edición, el testigo —Misael Cadavid— no solo brindó información y quedó a disposición de las autoridades para seguir colaborando. También, como este medio lo había anunciado, entregó una lujosa camioneta avaluada en 700 millones de pesos para reparar el daño causado.
Aunque fuentes judiciales cercanas al proceso le anticiparon a este medio que el ahora testigo hizo la entrega de manera voluntaria, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió este lunes que fue una exigencia de la justicia y que va más allá: “Esa camioneta ya entró al Área Metropolitana; habrá que venderla para recuperar parte de los recursos, y la compensación que esta persona debe hacer, de acuerdo a la matriz de colaboración, es cercana a los 4 mil millones de pesos”.
El médico Misael Cadavid era el jefe de bomberos en el momento del escándalo. La Fiscalía lo señaló de, junto a otras personas, direccionar contratos de más de 18.000 millones de pesos para sacar tajada de ellos y apalancar su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, postulación en la cual fracasó.
La Fiscalía logró establecer que Cadavid participó en la firma de seis convenios interadministrativos para proveer de kits de bioseguridad a los bomberos de los diez municipios del Área Metropolitana en plena pandemia del covid-19 y para capacitarles en atención de incendios y otras especialidades.
Sin embargo, los contratos no solo fueron amañados, también se inflaron costos, se falsificaron documentos y se allanó el camino para que los corruptos se apropiaran de cerca de 2.500 millones de pesos.
Atrapado por la justicia, el médico Cadavid se volvió un informante y lo que ventiló tiene ad portas de la imputación de cargos a Miguel Quintero Calle, hermano del alcalde de Medellín en ese entonces, el hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, a Álvaro Alonso Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y a otras dos personas.
SEMANA reveló este fin de semana que Cadavid le contó a la Fiscalía cuánto era la cuota que debía salir de cada contrato, del 15 %, también quién manejaba esos recursos, el conductor de uno de los implicados y, posteriormente, la esposa de un exalcalde de Itagüí que vive en Estados Unidos, y a dónde fue a parar ese dinero.
Para ganarse la confianza de la justicia, entregó su lujosa camioneta Toyota Sequoia TRD Pro, con un color vistoso y cojinería roja, detalles que llamaron la atención del alcalde de Medellín.
“Esta es otra de las camionetas, una Toyota modelo 2023, valorada en más de 700 millones de pesos, de las más caras, pero además las más feas; miren el decorado, de mafioso”, manifestó Gutiérrez.
El mandatario, además, dijo: “¿Cómo compraron esta camioneta? Con las coimas y con el chanchullo (…) y eso que estas son las menudas, ni siquiera es el 1 por ciento de lo que se robaron”.
La audiencia contra Miguel Quintero Calle quedó programada para el 25 de agosto, por petición de la Fiscalía, como también lo anticipó el sábado este medio.
Se espera que en ella se conozcan algunos detalles más del entramado de corrupción en el Área Metropolitana, que era dirigida por Juan David Palacio, un abogado de extrema confianza de Miguel Quintero Calle y de su hermano Daniel Quintero, quien terminó postulándolo al cargo para que los alcaldes de los otros nueve municipios del Valle de Aburrá lo respaldaran en su nombramiento.
Sin embargo, según reiteró ayer el alcalde Gutiérrez, ese es solo la punta del iceberg de un carrusel de contratos en el que mencionó a Emilio Tapia, que superó el protagonizado en Bogotá por los hermanos Moreno Rojas y que podría superar 1 billón de pesos.
Por lo pronto, se sabe que 55 personas han sido imputadas por delitos relacionados con corrupción durante la administración de Daniel Quintero, incluso él, aunque una juez anuló esa etapa procesal en su caso, y si el Tribunal Superior de Medellín lo admite, deberá repetirse.
De lo contrario, el exalcalde de Medellín tendría que prepararse para ir a juicio y demostrar —como lo ha dicho en reiteradas ocasiones— que no todo en su mandato fue corrupción.
Aunque, como está visto, en solo una de las investigaciones, tras la caída de una de sus cartas —la de Misael Cadavid—, el castillo de naipes se está derrumbando, pues la justicia ya dio a conocer su primera condena, la del excontador Juan Alberto Cardona Henao, quien firmó un preacuerdo para entregar información a las autoridades y ser condenado a tan solo 19 meses de prisión, los cuales son excarcelables.