A pesar de ser una entidad privada, Comfenalco, la segunda caja de compensación más importante de Antioquia, está en la mira de los políticos. Un enorme presupuesto anual, cercano al billón de pesos, algo superior a muchos municipios de Colombia, hace que sea un botín atractivo.
El 5 de agosto, Comfenalco planeaba celebrar una asamblea extraordinaria para elegir a su próxima mesa directiva, pero desde algunos sectores políticos de Antioquia levantaron la voz para pedir que se frenara.
Lo hicieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el senador Juan Espinal, y el pedido de este último llevó a que la Procuraduría visitara a Comfenalco para revisar qué estaba pasando en la entidad.
Según la Procuraduría, se busca “anticipar riesgos, promover el cumplimiento del ordenamiento jurídico, fortalecer la protección del interés público, la defensa de los derechos de los afiliados y del sistema de subsidio familiar en Colombia”.
Y no es para menos. Fuentes consultadas por SEMANA señalaron que detrás del fin de la intervención forzosa ordenada por la Superintendencia del Subsidio Familiar el 19 de septiembre de 2023 está la disputa por poner instalados a cinco sindicalistas de la CUT, la CGT y la CTT en la junta directiva de Comfenalco. Esos serían los cinco representantes de los trabajadores que tienen asiento en el pleno de la entidad, quienes junto a cinco representantes del empresariado ayudan a elegir al director administrativo, la persona que dice dónde y cómo se destinan el billón de pesos de presupuesto.
El alcalde Fico Gutiérrez, públicamente, señaló al presidente Gustavo Petro de querer tomarse la entidad. En Medellín hablan de una estrategia de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y también de Carlos Andrés Trujillo, cacique político de Itagüí.
Y este medio supo por medio de diferentes fuentes que en la entidad hay gente cercana al exsenador y exalcalde de Itagüí tomando decisiones hace más de un año dentro de la entidad.
En juego no solo está el billonario presupuesto. También los votos, de cara a las elecciones para Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín que se aproximan.
Según cifras entregadas por Comfenalco, esa entidad tiene 440.000 trabajadores afiliados, 23.000 empresas afiliadas y un impacto a través de la entrega de subsidios, de la oferta de servicios en más de 880.000 personas. La gran parte, según especulan los políticos, posibles votos de cara a la contienda de octubre de 2027.
Por ahora, la disputa por quiénes serán esas cinco fichas de los sindicatos está frenada. Un fallo del juez 16 administrativo oral de Medellín ordenó suspender la septuagésima sexta (76) asamblea.
La vía libre la dará la Supersubsidio cuando entregue la información exigida por Diana Milena Chavarría Palacio, una afiliada que aseguró que se estaban violando sus derechos a petición, acceso a la información, debido proceso, entre otros.
Ella, según Juan Pablo Morales Calle, director administrativo encargado de Comfenalco, tiene intención de formar parte de esos cinco miembros de los trabajadores.
Aunque esa elección no rompería la incertidumbre ante los políticos. El director encargado de Comfenalco le dijo a SEMANA que, si bien se ha especulado mucho, ellos esperan poder elegir pacíficamente a esa junta directiva.
“Esperamos tener un consejo directivo a la altura que se merece esta caja de compensación y que sea un escenario de una transición pacífica, que los empresarios puedan elegir tranquilamente a los cinco miembros que los van a representar y lo mismo los trabajadores a través de las centrales obreras”, dijo.
Además, habló de una mejoría en lo que va de la intervención de la Superservicios, y recordó que la crisis de Comfenalco se agudizó en 2023, cuando hallaron faltantes por más de 10.000 millones de pesos que llevaron a liquidar el servicio de salud, entre otras malas direcciones de multimillonarios recursos de esa entidad por la que hoy muchos rezan en Antioquia.