El jueves 10 de julio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció al país un bombardeo contra hombres del Clan del Golfo en las montañas de Antioquia. Su declaración, sin embargo, dejó más dudas que certezas, no solo entre los periodistas, sino también entre los habitantes del Bajo Cauca y el norte del departamento, que aún esperan claridad sobre lo ocurrido aquella madrugada.
“En zona rural de Valdivia, Antioquia, llevamos a cabo una operación aérea de alta precisión contra integrantes del Clan del Golfo, quienes planeaban acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública”, informó el Ministerio en un breve comunicado.
La cartera de Defensa añadió que se trataba del cuarto bombardeo contra esa estructura criminal en la región y que el saldo estimado de los ataques era de entre 30 y 40 presuntos integrantes muertos. Sin embargo, no ofreció detalles verificables ni presentó cuerpos ni identidades.
El propio ministro reconoció que aún no había certeza del impacto real del operativo contra la organización criminal que en su momento lideró alias Otoniel, hoy extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
“Aún estamos evaluando los resultados, ya que producto del bombardeo hubo un movimiento grande de tierra y estamos determinando cuál fue el daño causado a esa amenaza. En estos bombardeos únicamente se han afectado objetivos militares lícitos; no se ha comprometido ninguna persona ni bien protegido por el derecho internacional humanitario”, dijo Sánchez.
Tras ese pronunciamiento, comenzaron las dudas. Lo que oficialmente se presentó como un golpe contundente contra la subestructura del Clan del Golfo en el norte antioqueño, se transformó en un misterio que aún genera desconfianza entre las comunidades.
Fuentes militares y el alcalde de Briceño, Noé Espinosa, confirmaron a SEMANA que el epicentro del bombardeo del lunes 7 de julio fue la vereda El Cedral, en la parte alta de ese pequeño municipio de apenas 401 kilómetros cuadrados.
“Todos supimos que fue un hecho que rodó por los medios nacionales. Ocurrió en El Cedral y El Cedral parte alta, pero nunca se conoció más información. No hubo cifras de fallecidos ni cuerpos trasladados al casco urbano”, relató el mandatario local.
Espinosa considera que el ministro se apresuró a divulgar la noticia del operativo sin tener datos precisos. “Creo que fue una información muy acelerada, porque hasta no verificar cuántas personas fallecieron no se debió dar una declaración. Sabemos que hubo bombardeo, sí, pero no cuántos muertos”, agregó.
Mientras el Gobierno insistía en hablar de un golpe estratégico, en Briceño la incertidumbre crecía. Lo único seguro era que la violencia seguía provocando desplazamientos forzados. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Cedral tuvo que abandonar su casa y refugiarse en otro municipio ante las amenazas cruzadas de los grupos armados.
SEMANA habló con personas que han visitado el lugar y que, bajo reserva, mostraron fotografías del impacto del conflicto en la montaña. En las imágenes se observan decenas de vainillas regadas en los potreros, muros perforados por balas y los techos de las casas comunitarias marcados por los disparos. En la caseta donde los niños recibían clases, las paredes están salpicadas por el fuego cruzado.
También circulan fotos de un helicóptero militar extrayendo de la zona un cuerpo envuelto en bolsas blancas, bajo un estricto operativo de seguridad. Esa información coincide con versiones de altas fuentes castrenses que aseguran que el saldo real del operativo del 7 de julio fue de una persona muerta y una herida.
Según esas mismas fuentes, el sobreviviente capturado contó que el bombardeo fue tan potente que provocó un deslizamiento de tierra que cayó sobre otros miembros del Clan del Golfo. Las versiones, sin embargo, no han sido verificadas oficialmente.
El área donde se ejecutó la operación —una hora en carro desde el casco urbano de Briceño— está bajo disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc. Allí no hay cultivos de coca, pero sí una veta de oro que se ha convertido en el nuevo botín de guerra. La extracción artesanal genera dinero líquido todos los días y mantiene viva la confrontación.
En la comunidad se comenta que esa franja montañosa podría tener tanto o más oro que Buriticá, uno de los municipios con mayor explotación aurífera del país. Aunque no existen estudios oficiales que lo confirmen, los rumores se extienden entre mineros y comerciantes de la región.
La riqueza del subsuelo desató una pugna interna. De acuerdo con fuentes locales, el frente 36 y el frente 18 —que compartían la explotación— rompieron su alianza y este último se vio obligado a desplazarse y operar bajo un nuevo nombre: Los Cabuyos. Desde entonces, ambos grupos cobran a los mineros un impuesto del 10 % del oro extraído: el 6 % para el frente 36 y el 4 % para Los Cabuyos.
Algunas versiones apuntan a que Los Cabuyos podrían estar brindando apoyo logístico al Clan del Golfo para consolidar su presencia en sectores como El Cedral, precisamente donde se registró el bombardeo. Su avance ha sido tan agresivo que el frente 36 sembró minas antipersonales en varias veredas para frenar su expansión. Por ese motivo, decenas de campesinos, incluida la presidenta de la Junta de Acción Comunal, tuvieron que huir.
Hoy ella vive en otro municipio, intentando borrar sus huellas por temor a represalias. Paradójicamente, el Clan del Golfo —actualmente sentado en la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro— firmó compromisos de “respetar el desarrollo del proceso electoral, no interferir en la acción contra minas antipersonal y acatar los principios del derecho internacional humanitario”. Pero en Briceño, los pobladores aseguran que esas promesas no se cumplen.
“Dicen que respetan la vida, pero mataron a John Areiza”, relatan campesinos de la zona. Areiza había sido desplazado el 18 de octubre y, al regresar para revisar sus vacas, fue asesinado. Su caso refleja la fragilidad del retorno y el riesgo constante en las veredas rurales.
Como él, más de 2.100 personas han debido abandonar sus parcelas por los enfrentamientos entre el frente 36 y el Clan del Golfo. La mayoría llegó a la cabecera municipal en buses escalera y camperos gestionados por la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia. Dos semanas después, el 99 % de las familias decidió regresar, pese a que las garantías de seguridad siguen siendo mínimas.
“Iniciaron el retorno los campesinos de zona rural, siendo los últimos en viajar los de Pueblo Nuevo. El arraigo, las cosechas de café a punto de perderse, los obligaron a volver aun sin condiciones”, contó a SEMANA Wilmer Moreno Sánchez, personero municipal de Briceño.
El funcionario explicó que, tras una tutela interpuesta por su despacho, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas comenzó a entregar ayudas humanitarias desde el 27 de octubre. Sin embargo, la asistencia no disipa el temor. En las 23 veredas del municipio persiste la advertencia de los disidentes: algunas están minadas y los combates pueden reanudarse en cualquier momento.
A ello se suma la situación de familias que no pudieron quedarse en el pueblo ni retornar a sus fincas, y tuvieron que huir a otras regiones bajo amenaza de muerte. “Aquí la gente vive con miedo, con la maleta lista”, dice un líder campesino.
En paralelo, el frente 36, bajo el mando de alias Primo Gay —tercer cabecilla de esa estructura—, continúa controlando la minería ilegal en los cauces del río Cauca y el río Espíritu Santo, además de extender su influencia hacia los proyectos hidroeléctricos en planeación: Briceño 1, Briceño 2 y Espíritu Santo. Su interés, según las autoridades, es asegurar rentas mediante la extorsión.
Por su parte, el Clan del Golfo, comandado en la zona por alias Martínez, conocido como Carepollo, mantiene unos 40 hombres de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel intentando copar más territorio. Su objetivo es claro: quedarse con la renta del oro y con el control armado de una región donde este año ya han sido asesinadas 12 personas.
En Briceño, el 99 % de las 2.156 personas que tuvieron que huir de sus parcelas regresaron, pero lo hicieron sin que existan garantías reales de seguridad. El miedo, las minas, los rumores de nuevas operaciones militares y la sombra del Clan del Golfo siguen presentes entre las montañas donde, hace apenas unos meses, cayeron las bombas que el Gobierno presentó como un triunfo y que hoy se perciben como una incógnita más en medio de una guerra sin final.