Gobernar en Colombia se ha convertido en una actividad de alto riesgo que bordea la supervivencia. Mientras que el Estado insiste en hablar de institucionalidad, casi 400 alcaldes en el país deben andar escoltados para no ser asesinados o secuestrados, y otros, en zonas como Cajibío, ni siquiera tienen esa opción: ejercen el poder local expuestos, sin protección y bajo la sombra directa de grupos armados que controlan el territorio.
Según la Federación Colombiana de Municipios, 393 de los 1.123 mandatarios municipales viven esta realidad que pone en evidencia una fractura profunda del Estado en las regiones.
Así ocurre en Cajibío, en el departamento del Cauca, donde el sábado 25 de abril terroristas de la estructura Jaime Martínez detonaron explosivos en plena vía Panamericana, mataron a 20 personas y causaron heridas a más de 30.
En ese municipio, en el que incluso los policías evitan pisar las calles para no convertirse en blanco fácil de los integrantes de ese grupo armado disidente de las Farc, la alcaldesa (e), Lesly Vanessa Valencia Rivera, se moviliza sin escolta. Pero no solo ella, también lo hacen sus seis secretarios. La razón es clara: esquivar una confrontación directa con los violentos.
Para reducir el riesgo de choques o malentendidos con las disidencias de las Farc, la mandataria y su equipo eluden hablar con los medios de comunicación. SEMANA la buscó tras el cruento atentado, pero delegó la vocería en su secretario de Educación, Juan Pablo Betancourt; sin embargo, cuando este conoció el motivo de la consulta, optó por no responder.
A pesar de ese silencio institucional, este medio logró hablar con un funcionario de la administración que, bajo condición de anonimato, describió cómo es trabajar en una población sitiada por la estructura Jaime Martínez, disidencia liderada por alias Marlon, señalado de múltiples crímenes como asesinatos de policías y civiles, atentados con drones cargados de explosivos y reclutamiento forzado. Por él, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ofreció hasta 5.000 millones de pesos.
“Se decidió aplazar las actividades en zonas rurales; las salidas de campo se cancelaron, pues pueden aumentar los riesgos contra los funcionarios públicos. Se ordenó despachar únicamente desde el casco urbano”, dijo la fuente.
El problema, explicó, es que ni siquiera allí existe tranquilidad. Cuando no es la misma comunidad la que alerta a través de WhatsApp sobre la presencia de hombres armados en camionetas de alta gama de color blanco cerca de la Alcaldía, son los propios delincuentes quienes aparecen en motocicletas para hostigar a la Policía desde la esquina más cercana o desde una finca.
La estación donde se resguarda la fuerza pública (una vieja casa de material ordinario) está ubicada a escasos 100 metros del despacho de la alcaldesa. La cercanía, lejos de ofrecer seguridad, convierte toda la zona en un punto de alto riesgo.
Desde hace un tiempo, incluso se han tenido que implementar medidas para proteger a los niños que estudian en la escuela ubicada entre la Alcaldía y la estación de Policía, pues los sobrevuelos de drones cargados con explosivos se han vuelto cada vez más frecuentes. “Es un peligro inminente. Primero hostigan desde la parte trasera de la estación, desde una finca; luego elevan el dron, lo sueltan y eso atrae la mirada de los habitantes”, relató la fuente.
En esos momentos, los profesores toman a los niños, los trasladan a los salones del segundo piso para que los niveles inferiores funcionen como refugio, y notifican a los padres, que deben esperar a que disminuya la tensión antes de enviarlos a sus casas.
El riesgo permanente también alcanza a cuatro de los seis secretarios de la Alcaldía. A diferencia de la alcaldesa, que reside en uno de los últimos barrios del casco urbano de Cajibío, ellos viven fuera del municipio y deben desplazarse a diario por la vía Panamericana, el mismo corredor donde la estructura de alias Marlon perpetró la masacre.
Lo hacen en sus propios vehículos, pese a tener asignados automotores oficiales, porque consideran que es más seguro dejarlos estacionados para evitar convertirse en objetivos de ataques.
Además, adoptan otras medidas, como encomendarse a la fe. Uno de los funcionarios, según relataron sus compañeros, cada mañana a las 6:00 a. m. enciende una vela al Señor de los Milagros de Buga, del que es devoto, en un pequeño altar que construyó en su casa, para pedir protección frente a un atentado o un intento de hurto en la Panamericana.
También evita exponerse con su familia en lugares públicos, y cada noche, a las 10:00, reza un rosario con una “esclavita” que lo guía en sus oraciones. Una situación similar se vive a más de 1.000 kilómetros de distancia, en Miraflores, Guaviare. Allí, su alcalde, Edwin Díaz, reconoció en diálogo con SEMANA que gobernar se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.
Ese municipio, enclavado en la selva amazónica, tiene una extensión de 12.700 kilómetros cuadrados, unas siete veces más grande que Bogotá, y está bajo la presión de grupos armados.
Su territorio es disputado por facciones de Iván Mordisco y de Calarcá, este último en diálogos con el Gobierno, pero próximo a ser imputado por delitos de lesa humanidad. A pesar de la magnitud del territorio, el alcalde solo puede ejercer autoridad en el casco urbano.
“En las áreas rurales manda la guerrilla”, afirmó. Desde que inició su mandato en enero de 2024, apenas ha logrado visitar dos veces las zonas rurales. En una de ellas incluso tuvo que engañar a su equipo.
“Les dije que prepararan la lancha para ir al norte, pero terminamos yendo a una vereda del sur a inaugurar unas obras”, relató. Su esquema de seguridad es precario: un escolta y un policía que lo acompañan en un vehículo convencional, sin blindaje, y únicamente durante el día.
“Estoy en nivel extraordinario, es decir, en riesgo alto. Hemos solicitado un carro blindado, porque el que tenemos sirve para movilizarnos, pero no garantiza nuestra seguridad”, explicó.
Para proteger a su familia, decidió que no viva en el municipio. Por eso trabaja 20 días continuos en Miraflores y los otros 10 se traslada fuera para hacer gestiones y reunirse con su esposa e hijas.
Cuando permanece en el municipio, pasa la mayor parte del tiempo en su oficina. Allí desayuna, almuerza y cena antes de regresar a su casa, donde pasa la noche completamente solo.
“Todo el mundo sabe que el policía me acompaña hasta que llego a mi casa y luego se va. Al día siguiente regresa y me acompaña durante la jornada, pero en la noche estoy completamente solo, en absoluta vulnerabilidad. Y hay que recordar el atentado contra el alcalde de Calamar, al que le lanzaron un dron en su vivienda, y donde yo vivo las tejas son de zinc”, advirtió.
El alcalde varía las rutas, no se desplaza con el Ejército para no convertirse en blanco de ataques y, al igual que en Cajibío, recurre a la fe para sentirse protegido.
El pasado 21 de abril, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales emitió una alerta por la situación de seguridad de 11 de los 32 alcaldes de las principales ciudades del país.
La agremiación indicó que “es un fenómeno creciente: las amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios”, y documentó casos en Cartagena, Florencia, Quibdó, Pasto, Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.