En manos de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, está la suerte de cuatro de los cinco líderes de la barra Los del Sur, que sigue al Atlético Nacional. Ellos son investigados por graves hechos de violencia que sucedieron en abril de 2023 en la previa a un clásico entre el club verde y el América de Cali, en Medellín. Entre los investigados está un reconocido exintegrante de la banda Tres de Corazones, un profesor universitario y un comerciante.
La fiscal deberá resolver un principio de oportunidad firmado por Pipe Muñoz, Pipe Bandido, Raúl y el Pollo para zafarse de la investigación por los delitos de instigación para delinquir agravada y violencia contra servidor público por los desmanes de ese dramático domingo.
El as bajo la manga para evitar un duro proceso judicial que terminaría por condenarlos a penas superiores a los seis años de cárcel fue exhibido ante la Justicia el 24 de febrero de 2025. Ese día, según información conocida por SEMANA, los cuatro líderes presentaron el principio de oportunidad antes de que la Fiscalía pudiera formularles el escrito de acusación que permitiría avanzar en el juicio en su contra.
Esta figura jurídica, que finalmente debe ser evaluada por un juez de control de garantías, según expertos abogados consultados por este medio, consiste en un acuerdo al que llegan los investigados con la Fiscalía para que esta renuncie a la acción penal en su contra a cambio del cumplimiento de unos acuerdos a los que deben ceñirse los investigados: mantener bajo monitoreo su comportamiento durante un año, una millonaria reparación pecuniaria a las víctimas y un pomposo acto simbólico.
Tras consultar con varias fuentes, SEMANA conoció que Andrés Felipe Muñoz Lara (Pipe Muñoz), Andrés Felipe Ospina Calle (Pipe Bandido), Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño (el Pollo) se comprometieron a realizar una reparación integral a la Alcaldía de Medellín, al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, a la Policía y al Atlético Nacional para evitar ir a la cárcel.
Se trataría de un evento público, al mejor estilo de un político en campaña, en el que los cuatro investigados están dispuestos a pedir perdón públicamente, además de invertir más de 100 millones de pesos, después de las presuntas amenazas a Benjamín Romero, vicepresidente de Atlético Nacional, y a Mauricio Navarro, el presidente. Anteriormente, los directivos les habían retirado el apoyo de 400 boletas para entrar gratis al estadio que les daban cada partido y el anuncio se llevó a cabo en una reunión días antes del violento encuentro frente a América.
Los detalles fueron revelados por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos, que los cuatro negaron. Entre otros, hay testimonios de Romero que indican amenazas de muerte a su hijo por redes sociales, llamadas contra él y presiones por el retiro de las ayudas a los líderes.
“Si nos toca meternos a la hijuepu**, nos metemos a la hijuepu**, armamos un mierde** allá. Si nos toca cogernos con los tombos, nos metemos, pero esas gonorre** no se alcanzan a imaginar con quiénes se metieron. Eso fue lo que hablaron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro**. El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años”, se escuchó en audios revelados.
Ahora, con la jugada de los líderes de Los del Sur, ninguna condena recaería en su contra a cambio del cumplimiento de los compromisos que adquirieron, no obstante el escándalo que suscitó esa jornada de fútbol: 89 lesionados, 13 de ellos funcionarios públicos, como los policías que fueron atacados salvajemente en las tribunas del estadio Atanasio Girardot; además, hubo daños al escenario, tasados en 672 millones de pesos.