El lunes 29 de septiembre, el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, dio a conocer que había sido dado de baja en Rionegro, Antioquia, un peligroso narco ecuatoriano que hacía de enlace entre la banda Los Choneros y el Clan del Golfo.
“¡𝗔𝗕𝗔𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗡𝗘𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗖𝗨𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗬 𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟𝗙𝗢! En Rionegro (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía de Colombia y autoridades de Ecuador, abatió al enlace internacional de la organización criminal transnacional Los Choneros, que delinque en el vecino país”, escribió en X.
El señalado enlace de Los Choneros fue identificado como Jortman Robinson Suárez Molina, era conocido como el Ecuatoriano, y las autoridades habían establecido que ingresó a Colombia en 2024 “para consolidar alianzas con el Clan del Golfo, dirigidas al tráfico de cocaína desde el Magdalena Medio hacia Estados Unidos”.
Murió esa madrugada de lunes luego de enfrentarse a los uniformados colombianos en la finca donde dormía, un inmueble similar a los que, según la Policía, solía usar “como centro de acopio de armas y para el acondicionamiento de vehículos con el fin de ocultar estupefacientes”.
En el lujoso inmueble está ubicado en la exclusiva zona de Llanogrande, en Rionegro, a unos 31 kilómetros de Medellín, donde, según la Policía, se presentó el enfrentamiento, las autoridades no solo hallaron una alta suma de dinero. También lograron la incautación de un poderoso arsenal: un fusil calibre 5.56 mm, tres pistolas calibre 9 mm, 129 cartuchos de diferentes calibres, nueve proveedores, cuatro radios de comunicación, un computador portátil, siete teléfonos celulares y una placa balística.
Además, dos vehículos tipo camioneta marca Toyota, avaluados en aproximadamente 1.000 millones de pesos, seis piezas de joyería en oro, 17 millones de pesos y 1.000 dólares en efectivo.
No obstante, lo que más llamó la atención de algunos investigadores es la escolta que había sido contratada para proteger al narco: tres soldados profesionales del Ejército, ya pensionados.
“Durante el operativo fueron capturadas en flagrancia tres personas, identificadas como Martín Parmenio Sepúlveda Muñoz, Carlos Alberto Mesa Valencia y Fray Alonso Ortiz Cadavid, quienes fungían como escoltas de alias el Ecuatoriano”, detalló la Dijín.
Información a la que SEMANA tuvo acceso acredita a dos de los detenidos como soldados profesionales pensionados, certificados con el código OR-2 de la OTAN.
Los tres exmilitares fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que logró que un juez de control de garantías legalizara sus capturas. Sin embargo, otra suerte tuvo cuando intentó imputar el delito de porte ilegal de armas de fuego.
SEMANA supo que el funcionario retiró la solicitud para la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento.
¿Por qué? Julio César Rivera, del bufet JR abogados que defendió a los exmilitares, explicó que “se pudo acreditar que la munición fue adquirida legalmente por Indumil, que provee a cada persona de 200 municiones cada tres meses, y estas personas tenían permiso para portar armas y además tenían permiso para portar las municiones de esas armas”.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que los detenidos tenían más munición que las que la ley les permite portar, pero eso no fue suficiente para imputarles cargos.
“No es una conducta constitutiva de un delito, en caso tal de que hubiera lugar a una infracción, sería de una contravención administrativa, lo que a la postre daría la posibilidad del decomiso del arma o suspensión del permiso de tenencia”, explicó el abogado Rivera.
Respecto sobre su presencia en la finca junto al narco, Rivera argumentó que los militares habían sido contratados para brindar vigilancia al lugar y que poco contacto tenían con él.
La pregunta que algunos se hacen es: ¿podían usar sus armas personales para prestarle custodia al narco?
Esa y otras preguntas aún quedan por resolver en este proceso judicial, al que finalmente siguen vinculados y en el que próximamente habrá otra audiencia para determinar, por parte de la Fiscalía, si definitivamente declina la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.