En la Fiscalía de Medellín hacen curso varias denuncias que apuntan a resolver un pleito judicial que salpica a personajes de la élite paisa que podrían inspirar fácilmente una exitosa serie para una plataforma de streaming.
Los testimonios salpican a un general (r) de la Policía, su hija, uno de los mayores distribuidores de motos de Colombia, un exjugador de la NBL, su esposa, quien en el pasado estuvo casada con uno de los narcos más pesados del Cartel del Norte del Valle y en quien se inspiró un personaje del Cartel de los Sapos, un exfuncionario que tuvo a cargo la estructuración de negocios de una importante empresa de servicios públicos de Medellín, un polémico exconcejal y varios de sus más íntimos amigos.
Todo comenzó con Juan Felipe Campuzano Zuluaga, exconcejal por el Partido de la U, que buscó la bendición de Álvaro Uribe para ser candidato a la Alcaldía de Medellín en 2011 y terminó con los años relegado de la política.
SEMANA entrevistó a varias de las personas que señalan a Campuzano de haber estructurado desde 2019 un modelo de negocio para transar con oro, negocios irregulares con lotes en zonas exclusivas de El Retiro, en Antioquia, y la trabada adquisición de un título de una mina de carbón; todos movimientos calificados por las presuntas víctimas de ilegales y a los que les atribuyen millonarias pérdidas económicas.
Uno de ellos es Rubén Estrada Botero, comerciante paisa de 69 años que se convirtió en uno de los mayores distribuidores de motocicletas del centro y el norte de Colombia, y quien llegó a considerar a Campuzano como parte de su familia.
El empresario, al que el mismo exconcejal le decía “jefecito”, hoy sostiene con él una disputa jurídica con una reclamación económica que supera, según dice, los 6.000 millones de pesos.
“En esos ires y venires, que éramos casi amigos, él se mete casi en mi familia, me presenta su familia, sus cinco hijos, me lleva a su casa, una mansión estilo castillo europeo antiguo, me vende parte de una transportadora de valores, y después crea una empresa que se llama Midac, empieza a hacer publicidad, a conseguir una oficina muy lujosa en el Alto de las Palmas, asesores comerciantes, a vender oro embovedado y a empieza a caer la gente, eso fue una pirámide”, relató el empresario.
Rubén contó que fue uno de los primeros en picar el anzuelo. “Le compró diez kilos de oro, más IVA, supuestamente el oro se guardó en la bóveda y el encargado de la seguridad de ese oro era el general de la Policía, se veía venir un negocio muy próspero”, explicó.
La confianza que sintió el empresario al ver inmerso en el negocio al general es la misma de la que, según algunos de los denunciantes, se contagiaron otros compradores que no solo terminaron adquiriendo oro, también siendo empleados de Midac Gold.
Por ejemplo Juan Diego Flórez Baena, compañero de universidad de Campuzano y uno de los amigos más entrañables que este tenía, que terminó denunciándolo por la pérdida de lo que consideró era su único patrimonio: un apartamento ubicado en Camino de Cumbres, en Envigado, avaluado en más de 350 millones de pesos.
Juan Diego se esfumó del mapa, pero SEMANA conoció el documento con el que le pidió a la Fiscalía el 7 de septiembre de 2023 que investigue a Campuzano por estafa y administración desleal, pues aseguró que él terminó entregando su apartamento a cambio del 1 por ciento de acciones de Midac. A esa decisión llegó, según le contaron a este medio varias fuentes, al sentir que la participación en esa compañía le traería réditos que no lograba en su trabajo como estructurador de negocios de una importante empresa de servicios públicos. De hecho, aseguró una de las fuentes, renunció a su anterior empleo, se fue a trabajar en el negocio que estructuró el ex concejal y cayó a la ruina para terminar prestando servicio de auto en plataformas de manera temporal, a pesar de hablar varios idiomas y tener estudios de posgrado en el exterior.
Otro de los atraídos por el negocio del oro fue un famoso beisbolista puertorriqueño que jugó durante 20 años en la NBL, ganó 13 veces el guante de oro y fue campeón de la serie mundial.
Según consignó en la denuncia interpuesta en Fiscalía a través de un abogado para que se lleve a los estrados judiciales a Campuzano por los supuestos delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual dineros y administración desleal, en 2018, ya convertido en inversor, el deportista se sintió convencido para meterse en el negocio, aunque la jugada no salió como esperaba.
“Con falsas promesas de alta rentabilidad, los indujo a solicitar un préstamo por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES USD ($850.000) en Puerto Rico. Por instrucción directa de CAMPUZANO —quien adujo que el movimiento correspondía a la cesión del 10% (luego modificado al 20%) de las acciones—, el dinero fue transferido a la cuenta personal de un tercero”, explicó en la denuncia.
Los giros los hizo, afirmó el denunciante, entre el 10 de agosto y el 25 de septiembre de 2018, en cuatro cuotas de 150 mil y 250 mil dólares.
El deportista y su esposa, que estuvo emparentada a finales de los 90 con un narco del cartel del Norte del Valle que llegó a inspirar un personaje en el Cartel de los Sapos, delegaron en su hijo la representación de sus movimientos financieros en Colombia. Pero eso, afirmaron, no los salvó del supuesto engaño.
Ante la Fiscalía, la familia del deportista aseguró que supuestamente Campuzano los llevó también a firmar un negocio irregular con dos lotes en el prometedor sector de Don Diego, en El Retiro, avaluados en 10.000 millones de pesos.
“En contraprestación, exhibió documentos privados espurios que lo acreditaban como dueño de una empresa de transporte de valores (...) y entregó acciones sin valor comercial de MITACOIN y MIDAC. Una vez obtenida la propiedad de los lotes, el denunciado incumplió sistemáticamente todos los plazos de pago acordados”, denunciaron.
Sin embargo, a esos negocios se le suma uno que tiene al exconcejal Campuzano en un pleito por una mina de carbón avaluada en 50 millones de euros, algo así como 182.000 millones de pesos colombianos, disputa por la que incluso fue denunciado en España y le significó estar detenido temporalmente en ese país.
En esa denuncia, del 4 de junio del 2024, piden que se le investigue por presunta estafa agravada y otros punibles contra la fe pública y el orden económico.
Para adquirir el título minero, según fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, dos empresarios colombianos se unieron a Campuzano. Ellos, presuntamente, pusieron 6,5 millones de dólares, mientras que a su nuevo socio le correspondía el restante para llegar a los 10 millones de dólares, pero el dinero fue invertido realmente por unos socios españoles y otros colombianos que pusieron sobre la mesa, por un lado, 4’'610.896 euros (cerca de 12.230 millones de pesos colombianos) y, por el otro, 533’818.451 pesos colombianos.
“Esta suma se debía destinar a adquirir el título minero propiamente dicho y a cubrir los gastos administrativos asociados a materialización del negocio. En total, 59 personas suministraron ese capital. El resto del dinero sería aportado, en teoría, por Campuzano”, quedó en la denuncia.
Al negocio le seguían una serie de transacciones que según los denunciantes, finalmente nunca se cumplieron. Por lo que señalaron a Campuzano de “so pretexto de un ilusorio proyecto minero y mediante mentiras y documentos simulados en los que aparentaba haber perfeccionado negocios por los que nunca pagó (...), hizo creer a los directivos y socios que dicha sociedad había adquirido los derechos para explotar un título minero, a cambio de lo cual el referido recibió (...) la cantidad de nueve mil ochocientos cuarenta y seis millones seiscientos mil pesos (9.846.600.000) (...), suma esta de la cual se apropió ilícitamente, causando un evidente y cuantioso perjuicio patrimonial a la sociedad, que terminó sin el dinero entregado y sin el supuesto título minero”.
SEMANA contactó al ex concejal Campuzano para conocer su versión sobre estos hechos. En un diálogo telefónico de cerca de dos horas admitió que él estructuró el modelo del negocio del oro, pero negó tener responsabilidad alguna en la supuesta estafa, en la captación de dinero, la pérdida de millonarias sumas.
“Midac es un proyecto que se constituyó en un modelo legal, viable, se demoró dos años en abrir. El informe de la auditoría dice que el 87 por ciento de los clientes recibieron las compras, pero las pérdidas fue lo que ellos (los denunciantes) hicieron, aunque no se robaron la plata, tenían una empresa sobredimensionada, se gastaron en oficinas y en salarios”, dijo.
Acerca de su papel, aseguró que él solo daba ciertas opiniones, cuando era consultado, pero que su único rol era reemplazar a su esposa, la verdadera propietaria de algunas de las acciones de la quebrada compañía.
A su vez, prometió recuperar “más de 1000 millones de pesos que se les prestaron constantemente como recursos de capital de trabajo, para pagar los costos operativos, las nóminas de ellos, arriendos de oficinas, pólizas etc”. El dinero, según dijo, era de su esposa.
“Como te digo, no cumplieron una sola meta de ventas mensuales. Siempre hubo que prestarles dinero para que siguieran operando mes a mes”, indicó.
“Ahí tienes las pruebas de que todo es un montaje, puedes constatar, ves que hablo con veracidad, frente a personas poco serias y sin escrúpulos”, añadió.
Sobre las acusaciones del beisbolista y su familia, dijo que él no recibió ningún dinero de parte de ellos, y que tiene cómo demostrar que no cometió ningún delito.
Además, manifestó que en la compra del título minero hubo irregularidades por las que demandó a sus antiguos socios, incluso, que por eso lo dejaron en libertad en España, y que buscará recuperarlo, pues está avaluado en 50 millones de euros.
Será labor de la Fiscalía, y de la justicia, lograr desenmarañar quién tiene responsabilidad en este entramado en el que, aseguran, cientos de personas en Medellín, Antioquia, Estados Unidos y España perdieron sus recursos.