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Este es el as bajo la manga con el que abogado de Miguel Quintero tumbó la audiencia de imputación de cargos

Santiago Trespalacios Carrasquilla echó mano de un reciente acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Esta es la norma.

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1 de septiembre de 2026 a las 4:38 a. m.
Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios.
Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios. Foto: Tomado de la audiencia de imputación de cargos.

La diligencia en la que se esperaba se realizara imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, citada para las 2:10 p.m. del lunes 31 de agosto, comenzó con tropiezos.

El juzgado 27 penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín argumentó que la jueza a cargo de la diligencia venía enferma hace días, estaba incapacitada, y por eso debía asignarse en otro despacho.

La responsabilidad le fue entregada al jueza 39 penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín, quien comenzó a las 3:55 p.m. con la presentación de las partes y con las explicaciones, por parte de la jueza, de lo sucedido.

Se presentaron los abogados, entre ellos Santiago Trespalacios Carrasquilla, defensor de Miguel Quintero.

Fue allí que el litigante sacó su as bajo la manga para que la audiencia no avanzara.

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Cuando parte de los colombianos esperaban conocer la imputación de cargos, Santiago Trespalacios Carrasquilla, el abogado de Miguel Quintero Calle, citó un reciente acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que echaría al traste esta diligencia.

“Quisiera aprovechar su señoría para elevar una inquietud al despacho para saber si el trámite que se le dio a esta actuación fue el establecido el 18 de agosto de 2026 por el Consejo Superior de la Judicatura, esta auténtica inquietud, su señoría, se debe a que es un acuerdo bastante reciente que no es conocido en abundancia y nos estamos familiarizando tanto los operadores como los abogados litigantes”, dijo.

El abogado citó el artículo 10 y del Acuerdo PCSJA26-12570 que dice que “cuando la audiencia programada no pueda instalarse por inasistencia del solicitante o de un sujeto cuya presencia resulte legalmente indispensable, o por fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad material debidamente justificada, el juez dejará constancia inmediata y precisa de la causa de no realización”.

La misma jurisprudencia establece que “en estos eventos, la audiencia deberá ser reprogramada por el mismo despacho al que le fue asignada inicialmente, salvo desistimiento del solicitante, impedimento legal, imposibilidad material o circunstancia excepcional debidamente registrada que justifique un reparto nuevo”.

“Esto me preocupa porque simplemente creo que a todos nos preocupa el blindaje tanto administrativo como judicial de esta actuación”, añadió Trespalacios.

El abogado también dijo que se enteró de la realización de la audiencia por una publicación del periódico El Colombiano y manifestó que a pesar de que la togada había pedido no mostrar su rostro en ninguna publicación, por el respeto que se le debía al habeas data, ese medio seguía haciéndolo.

La instalación de la audiencia continuó con la presentación de los llamados a imputación: Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín; el exdirector financiero del Área, Álvaro Alonso Villada García, y Miguel Quintero Calle.

Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomado de la fallida audiencia de imputación de cargos.

“Buenas tardes señora, juez, mi nombres es Miguel Andrés Quintero Calle (...), nací en Medellín el 6 de mayo de 1977, mi madre, fallecida, Estela del Carmen Calle Mejía, mi padre Orlando de Jesús Quintero Gallo, y confiero poder al doctor Santiago Trespalacios para que me represente”, dijo.

Por último lo hizo Sebastián de Dios Ortega, hijo de un influyente político de Bello, también llamado a imputación de cargos.

Quince minutos después, la jueza 39 revisó lo citado por Trespalacios, preguntó a la Fiscalía, a la Procuraduría y al abogado del Área Metropolitana si estaban de acuerdo con lo expuesto, a lo que estos se negaron y pidieron continuar.

Sin embargo, los abogados de los llamados a imputación apoyaron la postura de Trespalacios y la juez decidió darles la razón.

“Aquí hay un interés público, pero nosotros los jueces no podemos saltarnos las leyes, en este caso ese acuerdo, y no hay un vencimiento de términos inmediato”, dijo la jueza.

La togada argumentó, además, que la Fiscalía no justificó una urgencia en el desarrollo de esa diligencia, por lo que ordenó devolverla para que sea reprogramada por el juzgado 27 penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín.

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Esta, entonces, fue la tercera vez que no se pudo realizar la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana, en el que se le señala por parte de la Fiscalía de favorecerse del direccionamiento de seis convenios interadministrativos por un monto de 16 mil millones de pesos, caso en el que ya hay un condenado: el extesorero de los Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao Cardona, quien firmó un preacuerdo admitiendo su culpa.

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Además, hay un testigo clave: el médico Misael Cadavid, antiguo aliado de Miguel Quintero Calle, quien firmó un principio de oportunidad para que cesara la persecución judicial en su contra, entregó a modo de reparación una camioneta avaluada en 700 millones de pesos y se fue del país bajo protección por temor a represalias.