Para las 2:00 p. m. de este martes 25 de agosto está programada la audiencia de imputación de cargos en contra del empresario Miguel Quintero Calle y otras tres personas por el carrusel de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
En la imputación se sostendrá que los hechos se presentaron entre los años 2020 y 2021, cuando el hermano del empresario fungía como alcalde de Medellín.
Para el ente investigador, dicha situación no fue coincidencia, puesto que Miguel Quintero Calle habría utilizado el cargo y nombre de su hermano para desviar millonarios contratos a un grupo de conocidos.
En total, se habría presentado una desviación de seis contratos por un valor cercano a $ 17.654 millones de pesos.
Siguiendo los “pasos” de los carruseles de la contratación, Quintero Calle habría cobrado comisiones por su labor para que estos contratos llegaran directamente a los empresarios.
En total, según las cuentas, se habría logrado una apropiación cercana a los $ 2.481 millones de pesos.
Por estos hechos le imputarán los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Igualmente, por considerar que representa un peligro para la sociedad y puede afectar el desarrollo del proceso penal, la Fiscalía General le solicitará a un juez de control de garantías que cobije con medida de aseguramiento privativa de la libertad a Quintero Calle.
En la audiencia de este martes también fueron citados el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA, Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por el presunto direccionamiento de los procesos de contratación de la AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entre 2020 y 2021.
Ya hay una condena
El pasado 20 de agosto fue condenado Juan Alberto Cardona Henao, quien firmó un preacuerdo reconociendo su participación por el saqueo de recursos en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Cardona fue sentenciado a 19 meses de prisión por su participación en el delito de falsedad en documento privado.
El contador reconoció que falsificó cuentas de cobro para sacarle tajada a cada uno de los contratos firmados entre el Área Metropolitana y los Bomberos.
“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión, reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, dijo ante la justicia durante la audiencia.