Las campañas políticas están que arden, los precandidatos hacen promesas a diestra y siniestra, las bodegas actúan a marchas forzadas apoyando a sus huestes y criticando a sus opositores, las redes sociales lanzan chispas caldeando el ambiente y el Gobierno aprovecha para tomar decisiones buscando favorecer a los trabajadores, pero solo con el propósito de asegurar sus votos en las próximas elecciones.

Son decenas de precandidatos los que aún aspiran figurar en el futuro panorama político, bien sea por un accionar mediático perfectamente hilvanado que busca favorecerlos o por sus alianzas con una u otra tendencia ideológica que los acoge dentro de la detestable e insana trashumancia política donde solo aportan unos cuantos votos, pero buscan su propio acomodo para subsistir en el próximo período, dejando de lado la meritocracia.

La victimización de conocidos personajes continúa su diario despliegue, pues este momento es el preciso para reforzar en la mente de los electores que la culpa de los actuales desatinos es de los gobiernos anteriores y que la oposición no les ha permitido hacer nada de lo que habían prometido. Los nuevos escándalos permiten colocar en la sombra los prontuarios ‘que adornan’ a varios de los precandidatos, mostrándolos como dulces palomas ante la frágil memoria de muchos colombianos.

La corrupción no detiene su trágica marcha, pues los recursos del Estado son una dulce tentación para el enriquecimiento ilícito, para la compra de votos y para la captación de voluntades. Afortunadamente, hay decisiones legales que ponen freno a algunos de estos atropellos. Es así, como el CNE halló responsable a la campaña del candidato Petro, no al actual presidente, de sobrepasar los topes legales de la campaña, lo cual es considerado un delito según el artículo 396 B del Código Penal (Ley 1864 de 2017).

El mandatario vuelve a mencionar que se está intentando darle un golpe de Estado con la decisión del CNE que afecta a varios integrantes de la campaña Petro Presidente, pero el panorama se oscurece aún más con las supuestas pruebas sobre la financiación de esta campaña que aparecen en los elementos decomisados a alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc capturado en flagrancia en Anorí y liberado por orden de la Fiscalía, afectando la credibilidad de la paz total.

La supuesta relación de altos funcionarios del Estado con miembros de las disidencias de las Farc, entre ellos, un general reenganchado al Ejército Nacional por decisión presidencial y de un licenciado en educación física que adelantó una carrera meteórica en el DNI y que aparecen mencionados en los elementos decomisados a alias Calarcá, coloca igualmente una sombra de duda sobre el manejo de la información sensible de las Fuerzas Militares y lo que se ha podido hacer contra miembros del estamento castrense por ‘venganza ideológica’.

La realidad es que el país está cansado de su manipulación por oscuros intereses políticos, así como se ha convencido de que en estos últimos años se ha deteriorado su calidad de vida por la aplicación de decisiones impulsadas por ideológicas de izquierda, no por el deseo de hacer las cosas bien y en beneficio de una comunidad.

Las próximas elecciones se presentan como una oportunidad única para producir el cambio hacia la libertad y el orden que deben caracterizar el país, así como para repudiar la corrupción. Vamos a las urnas convencidos de contribuir con ese cambio.