La extrema izquierda y el ambientalismo inconsciente han llevado al país a un error colectivo de enorme gravedad: estigmatizar el carbón, el petróleo y el gas. Han convertido recursos estratégicos en enemigos ideológicos, desconociendo su verdadero valor. Afortunadamente, en distintos escenarios técnicos y académicos se ha abierto un debate serio que muestra la fragilidad de nuestras reservas energéticas y los riesgos de depender de la importación de energía de otras naciones.

El carbón es un mineral fundamental para Colombia: respaldo y seguro del sistema eléctrico. Basta recordar que durante el fenómeno de El Niño del año pasado fueron las termoeléctricas a carbón las que evitaron un racionamiento o apagón nacional. Al final, el propio gobierno de Gustavo Petro tuvo que reconocerlo a regañadientes: fue el carbón el que salvó al país de una crisis energética. Sin embargo, la contradicción persiste: mientras el carbón nos sostiene, el activismo ideológico lo ataca y hasta se llegó al absurdo de prohibir su exportación a Israel.

La importancia del carbón no es solo energética, sino territorial y social. Según el informe de TEC (junio de 2023), el 15,2 % de los títulos mineros del país corresponden a carbón, ocupando el 19 % del área titulada. El 97,5 % de estos títulos pertenecen a la pequeña y mediana minería, lo que refleja un fuerte impacto regional y comunitario. En 2022, Colombia tenía más de 2.000 millones de toneladas certificadas, principalmente de carbón térmico (96,8 %), además de carbón metalúrgico y antracitas, claves para la seguridad energética y la diversificación de exportaciones. Departamentos como Cesar, La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba y los Santanderes dependen en gran medida de este mineral para empleo, infraestructura y encadenamientos económicos.

Los números son claros. Entre 2012 y 2022, el carbón representó en promedio el 85 % de las regalías mineras y generó $ 17 billones en impuesto de renta, equivalente al 43 % de la renta minera nacional. Solo este sector aporta cerca del 95 % de los ingresos mineros del país. Además, genera empleo directo para 55.000 personas: 30.000 en pequeña y mediana minería y 25.000 en gran minería.

La transición energética, tantas veces invocada desde el discurso oficial, necesita de la minería para financiarse. Cesar y La Guajira aportan la mitad de los recursos del sistema. Cuando el presidente Petro dice ‘no’ al carbón, a la exportación y a los hidrocarburos, en realidad les dice ‘no’ a miles de empleos, al desarrollo regional y a los recursos del Sistema General de Regalías.

Los datos fiscales lo confirman. En 2023, el PIB del Cesar fue de $ 32,87 billones, de los cuales cerca del 50 % provino del carbón térmico. En La Guajira, el Cerrejón aporta alrededor del 64 % del PIB. El presupuesto de inversión pública 2024 ascendió a $ 2,24 billones en Cesar y $ 3,05 billones en La Guajira; más de la mitad de estos recursos provienen de regalías. Sin carbón, simplemente no existirían.

El panorama futuro es preocupante. Según el Mapa de Inversiones del DNP, las regalías en Cesar fueron de $ 706.000 millones en 2021–2022, crecieron a $ 1,163 billones en 2023–2024, pero caerán a solo $ 361.000 millones en 2025–2026. En La Guajira el patrón es similar: $ 485.000 millones (2021–2022), $ 775.000 millones (2023–2024) y $ 456.000 millones (2025–2026). Menos regalías significa menos inversión social, menos infraestructura y más pobreza.

La evidencia es irrefutable: sin carbón, Colombia es inviable. El radicalismo de Petro no nos conduce a una “transición energética”, sino a una transición hacia la pobreza energética, la dependencia externa y la inestabilidad fiscal. Defender el carbón no es un capricho: es defender la soberanía, la economía regional y el futuro de millones de familias que dependen de este recurso.