¿Qué fue realmente el llamado Pacto del Tequendama, reunión celebrada en plena campaña presidencial de 2022? Con la llegada de Gustavo Petro al poder, arribaron movimientos posteriores que empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas incómodo. No habría sido un encuentro programático, sino una maniobra de control, de acuerdo con el mayor Jorge Castillo, una fuente con conocimiento directo del engranaje militar y de cómo se movieron las decisiones desde adentro.

Según el mayor Castillo, en ese encuentro no se discutieron propuestas ni proyectos de gobierno. Lo que se habría negociado fue el corazón del Estado, el control del GSED (Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa), el conglomerado donde está concentrado el músculo financiero, logístico e industrial de la defensa nacional. Estamos hablando de Indumil, Cotecmar, Satena, la Defensa Civil, CIAC, Fondo Rotatorio de la Policía, entre otras entidades que manejan contratos, licencias, rutas estratégicas, comunicaciones sensibles, infraestructura militar y secretos operacionales. No es exagerado decir que ahí está el sistema circulatorio del sector defensa.

El control del GSED no solo otorga acceso al músculo financiero y logístico del sector defensa, sino también a una poderosa capacidad de influencia territorial. Con esos recursos, se pueden movilizar operadores, contratar estructuras locales y, en escenarios extremos, incidir en procesos electorales como los de 2026.

Pero lo más delicado va más allá del dinero. De acuerdo con la fuente, en el Pacto del Tequendama se habría pactado tomarse la inteligencia del país —y los indicios de que ya está ocurriendo han sido expuestos por la unidad investigativa de Noticias Caracol—. Hablamos de reconfiguración de agencias de inteligencia y contrainteligencia, traslados, retiros y nombramientos estratégicos que habrían abierto espacio a fichas alineadas con intereses políticos e ideológicos, incluyendo nombres cercanos a los terroristas del M-19, es decir, sacar a los troperos.

Tomarse la inteligencia no es solo un cambio de mando. Es tener acceso al sistema nervioso del Estado, sus alertas, sus bases de información, sus llaves operativas y su poder de anticipación estratégica.

La investigación de Noticias Caracol fue clara: los archivos digitales del narcoterrorista alias Calarcá —fotografías, chats, comunicaciones y documentos— no solo mencionarían contactos, sino también vínculos entre mandos militares activos y jefes de las disidencias de las Farc. Informaciones reservadas, reuniones, favores e incluso presunta entrega de datos operativos. Ya no se habla de infiltración. Se habla de cooperación.

En ese rompecabezas aparecen dos nombres clave que fueron mencionados en la investigación:

  • General Juan Miguel Huertas, retirado bajo el mando del general Zapateiro, reincorporado durante este gobierno y ubicado en una dirección clave en el Comando de Personal del Ejército.
  • Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo ascenso institucional ha coincidido con movimientos vinculados a estas reconfiguraciones.

¿Coincidencias o movimientos calculados?

Aquí emerge otro elemento que ha pasado desapercibido: la Organización de Reservas Activas del Pueblo (RAP), integrada —al parecer— por militares en retiro que habrían conformado una estructura paralela con presencia en escenarios comunitarios y sociales. De acuerdo con información de Castillo, algunos de sus integrantes habrían tenido presunta participación en procesos de capacitación o acompañamiento a jóvenes vinculados a los terroristas de la primera línea. No olvidemos los reportes de inteligencia posteriores a los hechos de Cali en 2021, en la que varios de esos jóvenes habrían recibido entrenamiento táctico por estructuras urbanas asociadas a los narcoterroristas del ELN y a las Farc. Prácticamente es un triángulo delicado en el que presuntamente están involucrados algunos de la reserva militar en retiro, movimientos urbanos y grupos ilegales.

El llamado Pacto del Tequendama no se habría limitado al control de grandes entidades del sector defensa. También habría extendido su alcance hacia sectores aparentemente periféricos, pero estratégicos, como la seguridad privada, convertida en llave para la protección, movilidad y blindaje operativo en zonas urbanas y rurales. Según investigaciones periodísticas y seguimientos institucionales, habrían surgido empresas fachada que, bajo el paraguas de la seguridad privada, facilitaron logística, protección y movilización a estructuras criminales, una alerta que ya fue expuesta en los reportajes de Noticias Caracol.

Otro dato importante que al atar los cabos nos podría confirmar lo de las empresas fachada de seguridad que también me mostró el mayor Castillo. En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo la dirección de Alfonso Manzur, se detectaron aparentemente varios casos en los que al menos dieciocho empresas de seguridad recibieron licencias con una velocidad inusual —algunas en menos de 24 horas— sin cumplir totalmente con los registros exigidos en los sistemas oficiales. Licencias aceleradas, documentación incompleta y autorizaciones otorgadas sin verificar con rigor los antecedentes de los socios, operadores y contratistas. Meses después, varias de esas compañías fueron reportadas bajo seguimiento por su posible conexión con estructuras ilegales y por su acceso a operaciones de vigilancia, transporte, logística e información sensible.

Si esto se confirma, no estaríamos ante corrupción tradicional, sino ante una cesión de soberanía, una posible coadministración del Estado por quienes debían combatir esas estructuras. No sería un Estado infiltrado, sino un Estado comprometido desde adentro.

Y como todo rompecabezas, siempre aparece una imagen. Una foto de junio de 2022 muestra al entonces candidato Gustavo Petro rodeado de oficiales retirados, varios con investigaciones por presuntas irregularidades que hoy están en su gobierno, entre esos:

  • General (r) Juan Miguel Huertas (mencionado en la investigación de Noticias Caracol)
  • Sargento (r) Alexander Chalá Sáenz (ha sido una de las caras visibles de las “reservas activas” cercanas al petrismo y a la estructura llamada Reservas Activas del Pueblo (RAP) que arriba denuncio).
  • General (r) César Augusto Parra León: fue retirado en medio de graves denuncias por presunta corrupción, desvío de combustible, contratos amañados y manejo irregular de recursos públicos en la Brigada 12 y la Fuerza de Tarea Júpiter, en Caquetá, una de las zonas más sensibles por presencia de narcotráfico, disidencias y contrabando. Hoy, ese mismo oficial —con investigaciones abiertas, sin fallo definitivo y sin haber sido exonerado públicamente— representa a Colombia en Washington, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos.
  • General José Henry Pinto: tampoco pasa desapercibido. su nombre está ligado a la dirección del Club Militar, a su polémico paso por la Aerocivil —de la que salió en medio de denuncias e irregularidades— y a su presunta cercanía con una empresa cuestionada cuyos socios fueron investigados en Estados Unidos por lavado de dinero.

¿Fue una simple fotografía, un “gesto simbólico” o la antesala del pacto que permitió ocupar sectores claves del Estado?

Hoy, más que nunca, Colombia debe hacerse una pregunta sin anestesia: ¿el Pacto del Tequendama es una extensión del Cartel de los Soles? ¿O estamos frente a algo más grave: un Estado que ya no es víctima de infiltración, sino instrumento de cooperación?

El país merece respuestas. Y rápido.

Agradezco al mayor Jorge Castillo —quien desde hace tiempo viene alertando sobre estas irregularidades— por su valioso tiempo y la información compartida. Sé que hablar de lo que vio dentro de la institución implica riesgos, pero lo hace por el país.

Ñapa: en esa fotografía también aparece un personaje clave y muy oscuro que hoy es el precandidato presidencial de Gustavo Petro: el senador Iván Cepeda Castro. Nada es casualidad.