Lo ocurrido con la información incautada en Anorí, en el departamento de Antioquia, revelada por la Unidad Investigativa de Caracol, demuestra que sectores del Estado habrían sido vulnerados por estructuras criminales que hoy buscan poder político, territorial y electoral al amparo de la política de paz total. Este episodio, por su gravedad y por las instituciones comprometidas, representa un riesgo inminente para la seguridad nacional y exige una reacción firme del país antes de la próxima contienda electoral.
Los hechos se remontan al 23 de julio de 2024, cuando en un retén militar en Anorí fueron capturados varios cabecillas de las disidencias vinculadas a alias Calarcá. A partir de esta operación se desencadenó una serie de hallazgos que, lejos de tratarse de información fragmentada o simples versiones sin sustento, conforman una cadena estructurada de evidencias graves, varias de ellas ya reconocidas por la Fiscalía General de la Nación dentro de los procedimientos de cadena de custodia.
Los documentos analizados describen posibles acercamientos irregulares entre estructuras criminales y funcionarios de alto nivel, incluso con fines de pactar acuerdos de no agresión entre unidades del Ejército y grupos armados. A esto se suma la presunta entrega clandestina de frecuencias radiales militares, la fabricación artesanal de armamento, la intervención de un empresario extranjero y hasta la oferta de un oficial general para que organizaciones ilegales conformaran empresas privadas de vigilancia. Todo ello apunta a un nivel de infiltración que compromete tanto al Ejército como a los organismos de inteligencia.
Particularmente alarmante es la posible participación de disidencias armadas en la financiación o apoyo político a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, presuntamente mediante canales indirectos asociados a la señora vicepresidenta. Este elemento, por sí solo, constituye un ataque directo al sistema democrático y abre una herida institucional que, de no enfrentarse con determinación, podría repetirse o incluso agravarse en el escenario electoral de 2026.
Inicialmente, el presidente Petro sostuvo públicamente que los informes eran falsos y tenían un carácter incriminatorio. Sin embargo, tras el pronunciamiento del Gobierno de Estados Unidos —que subrayó la importancia de investigar rigurosamente los hechos— ordenó la realización de análisis forenses sobre el material incautado durante la operación militar.
Conviene recordar que las disidencias vinculadas a alias Calarcá han sido mencionadas por diversas autoridades como posibles responsables del derribamiento del helicóptero en el que murieron 13 integrantes de la Fuerza Pública, un caso por el cual el propio Gobierno estadounidense mantiene una recompensa significativa para avanzar en la identificación de los responsables.
En este escenario, ya no hablamos de rumores ni de disputas ideológicas: se trata de evidencias judiciales verificadas que podrían configurar delitos de extrema gravedad y comprometer la estabilidad del Estado. Entre los distintos escándalos que han marcado al actual gobierno, este es —por su alcance y sus implicaciones institucionales— el más delicado. No solo compromete al Ejército y a la Dirección Nacional de Inteligencia, pilares de la defensa nacional, sino que golpea directamente la moral de la tropa y la credibilidad de las Fuerzas Militares. El impacto interno es profundo: miles de uniformados quedan sometidos a la incertidumbre de no saber con claridad a qué enemigo enfrentan.
La información incautada también deja entrever posibles articulaciones políticas: apoyos, financiación y control electoral en regiones bajo dominio de estos grupos, con miras al proceso electoral de 2026. Si estos indicios se confirman, el país enfrentaría un riesgo sin precedentes: la captura del poder político por estructuras criminales.
El silencio del candidato de izquierda recientemente elegido resulta especialmente preocupante. En el pasado, cuando ejercía como opositor, reaccionaba con vehemencia ante situaciones de mucho menor alcance. Hoy, en cambio, guarda silencio frente a un episodio que compromete la institucionalidad del Estado, aun cuando ha respaldado de manera consistente la política de paz total, un experimento cuyo resultado ya demostró ser profundamente perjudicial para el país.
De repetirse este enfoque, el costo para Colombia sería enorme, pues reinstalaría un modelo que ha debilitado la autoridad del Estado, fortalecido a estructuras criminales y deteriorado la seguridad nacional. Esa insistencia no puede pasar inadvertida: debe tener un costo político en las urnas, porque el país no resiste otro ciclo de improvisación ni de concesiones que pongan en riesgo la integridad del Estado.
La democracia colombiana atraviesa sus horas más oscuras. Lo que está en juego no es una disputa entre proyectos ideológicos, sino la supervivencia del Estado, de sus instituciones y de la estabilidad democrática. Mientras un sector político ya definió a su candidato, en el otro persisten divisiones, confrontaciones y descalificaciones que fracturan cualquier posibilidad de cohesión. En varios casos, las aspiraciones individuales parecen imponerse sobre la realidad electoral, fragmentando el voto en un momento en que el país necesita exactamente lo contrario.
Los directores de los principales partidos políticos enfrentan un reto histórico en medio de esta crisis institucional. Este no es un momento para experimentos aislados ni apuestas fragmentadas. La urgencia nacional exige articular un bloque monolítico alrededor de quienes tienen la mayor capacidad real de movilizar a los ciudadanos en las urnas, dejando de lado los cálculos personales, los egos y los protagonismos estériles. Solo una conducción política unificada y responsable podrá ofrecerle al país la estabilidad que hoy reclama.
Si Colombia no actúa con claridad y responsabilidad en las urnas, quedará expuesta a que las organizaciones criminales sigan penetrando las instituciones y condicionando el rumbo del Estado. En este momento crítico, votar con criterio no es un ejercicio político: es un acto de supervivencia nacional. El país necesita decisión, firmeza y carácter para recuperar el orden, restaurar la autoridad legítima y proteger la República. Solo así evitaremos que la Nación se hunda aún más en el abismo que hoy asoma frente a nosotros.