Al culminar el año 2025 y aproximarse el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia ingresa en una etapa decisiva que demanda reflexión serena, claridad de juicio y un renovado compromiso con la realidad que vive el país. Los desafíos que enfrenta la Nación exigen actuar con responsabilidad, objetividad y sentido de Estado para afrontar adecuadamente los tiempos que se avecinan.
La seguridad continúa siendo la mayor inquietud de los colombianos, como lo evidencian las encuestas, los reportes recientes de la Defensoría del Pueblo y las cifras del Ministerio de Defensa. En vastas regiones del territorio persisten dinámicas de violencia, coerción y control por parte de estructuras armadas ilegales que disputan influencia social, económica y territorial. Esta situación afecta directamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y deteriora las bases esenciales de la tranquilidad pública.
Especial preocupación genera la expansión del narcotráfico y el fortalecimiento de grupos armados ilegales en zonas estratégicas del país. Mantener esta tendencia supone un riesgo significativo para el libre desarrollo de las elecciones de 2026, un proceso que debe garantizarse sin presiones ilegítimas ni intimidaciones. La democracia colombiana, construida con esfuerzo y sacrificio, requiere condiciones plenas de seguridad para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad.
A ello se suma un panorama político profundamente fragmentado, resultado de reformas adoptadas sin evaluar adecuadamente sus efectos de mediano y largo plazo. Aunque la pluralidad política refleja la vitalidad de una sociedad abierta, la proliferación de partidos, movimientos y candidaturas genera confusión en el electorado y dificulta la consolidación de proyectos coherentes y sostenibles para el país.
Proteger la institucionalidad democrática exige grandeza de los líderes, responsabilidad de los partidos y solidez de las instituciones. En momentos como este, los intereses personales deben ceder ante las necesidades superiores de la Nación. Colombia requiere unidad, visión estratégica y decisiones orientadas al bien común, no cálculos individuales ni apuestas inmediatas.
Es imperativo corregir el rumbo. La lucha contra el narcotráfico debe ser replanteada desde un enfoque integral que reconozca las lecciones aprendidas durante décadas y responda a las nuevas dinámicas del crimen transnacional. Asimismo, se hace necesario revisar la política de paz total, cuyo desarrollo ha favorecido la expansión de actores ilegales sin ofrecer resultados tangibles para la ciudadanía.
En el ámbito internacional, Colombia necesita fortalecer su política exterior, reconstruyendo alianzas estratégicas que apoyen la estabilidad, el desarrollo y la presencia activa del país en el escenario global. Las relaciones con Estados Unidos, Reino Unido, Israel, la Unión Europea y la Otan son fundamentales en ese propósito.
El momento histórico es determinante. Nuestro futuro está en manos de los líderes políticos, de los partidos y de la sociedad en su conjunto. Colombia cuenta con instituciones sólidas, talento humano y madurez democrática para superar los desafíos actuales. Sin embargo, es imprescindible reconocer —con claridad y sin ambigüedades— que el país requiere un ajuste urgente en su dirección. El liderazgo de la Fuerza Pública, junto con el compromiso del sector empresarial y de la sociedad civil, será decisivo en la construcción del futuro nacional.