A 41 años de la tragedia de Armero, las heridas de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz siguen abiertas.

Los 41 años de la tragedia de Armero, Villamaría y Chinchiná | Aviso de erupción: crónica de una devastadora noticia
Las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, le prohibieron a la Defensoría del Pueblo estar en municipios como Argelia, Cauca. Foto: Defensoría del Pueblo

No solo por las consecuencias humanas y materiales del desastre ocurrido el 13 de noviembre de 1985, sino por las dificultades que todavía enfrentan los sobrevivientes y sus familias para recuperar sus derechos.

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que reveló un balance preocupante sobre el cumplimiento de los compromisos institucionales para atender a esta población.

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Especial de Colprensa sobre La memoria de 30.000 muertos vive en el silencio verde del antiguo Armero Foto: Colprensa

La cifra más reveladora está en el seguimiento a las 23 recomendaciones que la entidad formuló en 2025, tras publicar su investigación Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Un año después, apenas una recomendación se ha cumplido totalmente, 15 registran avances parciales y siete permanecen sin cumplir.

La única medida completada corresponde a la producción de un documental institucional sobre la memoria de Armero. Entre los compromisos pendientes están el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral y la creación de un mecanismo nacional para buscar personas desaparecidas en desastres.

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Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

El panorama resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta la magnitud de la tragedia. Según las cifras recogidas por la Defensoría, la avalancha dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes.

La destrucción del municipio obligó a trasladar su cabecera a Armero-Guayabal y dispersó a numerosas familias hacia ciudades como Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín.

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Jenifer de la Rosa, adoptada por españoles después de la tragedia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Cuatro décadas después, el desplazamiento y la reubicación siguen teniendo consecuencias: fragmentación familiar, desarraigo, dificultades para acceder a vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre los predios y oportunidades económicas.

Ante esta situación, la Defensoría pidió al Estado avanzar en una reparación integral con enfoque diferencial y generacional. Entre sus propuestas están realizar un censo nacional de sobrevivientes y descendientes, formalizar los predios del antiguo municipio, fortalecer la atención en salud mental y crear el Centro de Memoria Histórica de Armero.

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