En el marco del plan que diseñó Abelardo De La Espriella para el control de las cárceles del país, el mandatario colombiano reveló imágenes del traslado crucial de dos implicados en uno de los casos de corrupción más delicados que ha vivido Colombia en los últimos años.
El presidente de la República ordenó al Inpec trasladar a la cárcel de máxima seguridad La Picota a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y a Sneyder Pinilla, exsubdirector de dicha entidad, señalados artífices de un sonado escándalo de corrupción.
“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”, expresó De La Espriella en su cuenta personal de X.
Y agregó: “Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”.
“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”, recalcó el jefe de Estado.
De La Espriella también afirmó en sus redes sociales: “La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”.
Con la decisión del Gobierno De La Espriella, Sneyder Pinilla y Olmedo López continuarán recluidos, pero en el complejo carcelario de alta seguridad La Picota, en el sur de la capital, desde donde tendrán que seguir colaborando con la justicia para destapar el nido de corrupción que se armó en la UNGRD.
A su turno, Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, se pronunció por medio de su cuenta personal de X: “Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota”.
“Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, indicó.
Y finalizó el abogado: “Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas. No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”.