El coronel (r) Carlos Soler interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con la que busca que se le ordene a la Fiscalía, la Presidencia, los ministerios de Defensa y el Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la paz revisar la resolución que declaró al cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Calarcá, como interlocutor para los diálogos con el Gobierno nacional, medida que le ha significado importantes beneficios.
La tutela le pide al tribunal ordenar la revisión individual de cada uno de los casos de las personas que han sido beneficiadas con este tipo de medidas analizando, especialmente, las implicaciones que esto podría tener sobre la población civil y las elecciones presidenciales.
La acción de tutela también pretende que el Gobierno verifique las medidas excepcionales que se le habían otorgado a esos señalados criminales y requiere que se le ordene al Ministerio de Defensa adoptar medidas de protección a la población civil. Sumado a esto, insta a que el ICBF adopte medidas de protección para los menores de edad.
Entre otras pretensiones del proceso están una orden a la Registraduría para que se garantice el proceso electoral y otra dirigida al Ministerio de Defensa para que reactive las operaciones militares.
El coronel Soler recordó que en el caso del disidente de las Farc, alias Calarcá, cuando se confirmó que el guerrillero seguía delinquiendo gracias a la información publicada en medios de comunicación, este siguió cobijado con beneficios como el uso de un carro blindado y de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El abogado advierte que el guerrillero disidente ha permanecido en actividades delictivas, como el secuestro, la extorsión y las intimidaciones a los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, la administración Petro se ha enfocado en perseguir a las AGC y el ELN. El fallo de la acción de tutela se conocería la próxima semana.