En los pasillos del Congreso se está comentando el texto de un proyecto de reforma constitucional que el gobierno de Gustavo Petro ha empezado a socializar con algunos sectores.
Se trata de un proyecto de acto legislativo que desarrolla la política de paz total y le otorga facultades especiales transitorias al jefe de Estado.
El texto consta de nueve artículos y señala que el presidente de la República “podrá otorgar perdón” judicial en los casos que él considere que esa medida contribuye a su política de paz total.
Ese perdón que podría otorgar el jefe de Estado significaría la anulación de todas las condenas y sanciones judiciales, además del archivo de las investigaciones que estén en curso contra estas personas. En resumen: un restablecimiento de los derechos políticos de quienes tuvieron pendientes con la Justicia.
“Las facultades otorgadas se ejercerán por el presidente de la República de manera directa, sin necesidad de desarrollo legislativo y estarán vigentes durante dos años, a partir de la vigencia de este acto legislativo”, se lee en el borrador del texto.
En ese mismo documento, se establece la creación de un equipo jurídico encargado de analizar los casos judiciales que consideraría el jefe de Estado para otorgar ese perdón judicial y en el que, en todo caso, se exceptúan los delitos de lesa humanidad, cuyos autores no podrían ser amnistiados.
Son tales los superpoderes que le otorga ese texto al jefe de Estado que se establece que este podría pedirle a la JEP la apertura de un nuevo macrocaso sobre lo que consideran fue una “política de Estado” con la que se habrían vulnerado los derechos de actores políticos para que estos acudan al tribunal a contar su verdad.
“Si así lo considera, el presidente de la República podrá con base en sus facultades legales y reglamentarias solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un nuevo macrocaso para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, que tienen derecho a la verdad, la reparación y a la no repetición, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas y por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia”, se lee en el texto.
Otro de los enunciados de ese documento busca establecer la “reparación y resarcimiento. Con ello, los actores políticos que sean responsables de delitos contra el erario público y sean objeto de perdón tendrían que devolver los montos correspondientes a lo robado a la administración pública. Una vez surtido ese proceso de devolución, el mismo presidente solicitaría que se levanten las inhabilidades contra estas personas.
En el borrador también se reseña que quienes sean beneficiados con el perdón judicial tendrán que comprometerse a la no repetición y determina que quienes vuelvan a incurrir en delitos perderán los derechos que adquieran a partir de ese proyecto de acto legislativo.
La política de paz total es vinculante en el marco de ese texto y se establece la creación de un tribunal de cierre “o de amnistía política para actores democráticos que deben reintegrarse y recuperar sus derechos políticos y laborales y vincularse a la paz total”, que tendrá la misión de estudiar los casos y garantizar el perdón judicial, todo esto, en el marco de lo que catalogan como “un gran acuerdo político nacional”.
El texto que le da facultades especiales al presidente de la República para otorgar perdón judicial se conoce justo cuando el Congreso se dispone a conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.