El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a la decisión de dos de los tres congresistas del triunvirato que lo investiga en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quienes radicaron un auto en el que piden vincularlo formalmente a una investigación penal y disciplinaria, así como llamarlo a indagatoria por las presuntas irregularidades cometidas en la campaña presidencial que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.
“Ya amenazaron con encarcelarme sin cometer un solo delito”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales. Y agregó: “Ya sabemos qué viene si no se detiene la época oscura de Colombia”.
Petro intentó relacionar el auto de salvamento y la solicitud de investigación formal en su contra con la campaña presidencial de 2026, aunque se trata de procesos distintos.
De hecho, el jefe de Estado empezó a ser investigado al inicio de su mandato en 2022, y los congresistas e investigadores Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe buscan tomar una decisión antes de finalizar su período legislativo, el próximo 16 de junio.
Si los actuales integrantes de la Comisión no definen la situación de Gustavo Petro, lo harán los nuevos parlamentarios que se posesionarán el 20 de julio, y en ese escenario su futuro jurídico quedaría en manos del nuevo Congreso.
Alirio Uribe presentó un auto inhibitorio frente a la eventual responsabilidad de Petro por las irregularidades en su campaña, pero sus colegas, también representantes, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, radicaron un salvamento de voto en el que, por el contrario, piden vincular formalmente al jefe de Estado a una investigación y llamarlo a indagatoria.
Las dos posiciones contrarias serán discutidas en la próxima sesión de la Comisión de Acusación, que podría adelantarse la próxima semana. Será la sala plena, integrada por 17 representantes, la que decida la situación del hoy presidente.
Si no ocurre nada extraordinario, la jornada contará con la presencia de los medios de comunicación.
“El triunvirato investigador debe disponer la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego mediante la recepción a indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno del derecho a la defensa, su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otros”, se lee en uno de los apartes del documento de salvamento de voto conocido por este medio. Tal como lo anticipó SEMANA, el cheque girado por Fecode a la campaña presidencial, en calidad de préstamo por 500 millones de pesos, fue una de las razones.
“Fecode es una persona jurídica de derecho privado que, en su calidad de organización sindical, tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”, señala el documento.
El giro de 500 millones de pesos a la campaña por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) y los vuelos del entonces candidato y de líderes de su campaña con la Sociedad Aérea de Ibagué son otras de las pruebas que hoy se mencionan en contra del jefe de Estado.