A menos de 15 días de terminar el período legislativo, dos de los tres congresistas que investigan al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022 radicaron formalmente ante la secretaría de ese despacho un salvamento de voto con el que piden vincular formalmente al jefe de Estado y, además, solicitan llamarlo a indagatoria.
SEMANA había anticipado la decisión, pero este miércoles, 3 de junio, la posición de ambos parlamentarios quedó formalmente radicada y le hace contrapeso a la postura de inhibir a Gustavo Petro propuesta por el congresista Alirio Uribe.
Al presidente lo investigaron tres representantes: Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico; Wilmer Carrillo, del Partido de la U; y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Los dos primeros piden investigar al jefe de Estado y se oponen a su absolución.
Si nada extraordinario ocurre, la postura de Arizabaleta y Carrillo se pondrá a discusión en el orden del día la entrante semana. Ese día, los 18 representantes a la Cámara que hacen parte de la Comisión la votarán.
Una fuente de alto nivel le dijo a SEMANA que, según la ley, la votación de la sala plena sobre la suerte penal del presidente Gustavo Petro por los hechos ocurridos en su campaña presidencial podría ser pública ante los medios de comunicación. Es decir, el país conocerá cuáles representantes a la Cámara deciden apoyar la ponencia de Alirio Uribe para inhibir a Gustavo Petro o la de Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes solicitaron que el presidente siga investigado.
Si la decisión no se toma en esta legislatura, los nuevos congresistas de la Comisión de Investigación que se posesionan el 20 de julio tendrán que hacerlo.
“El triunvirato investigador debe disponer la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego mediante la recepción a indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del Artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno del derecho a la defensa, su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otros”, se lee en uno de los apartes del documento de salvamento de voto conocido por este medio.
Tal como lo anticipó SEMANA, el cheque que giró Fecode a la campaña presidencial, en calidad de préstamo por 500 millones de pesos, fue una de las razones.
“Fecode es una persona jurídica de derecho privado que, en su calidad de organización sindical, tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”, dice el documento.
“Se puede señalar que la triangulación de recursos a través de Fecode para Colombia Humana y luego para Ingenial Media, y finalmente a los testigos electorales, constituye, conforme a las reglas de la experiencia, un mecanismo de ingeniería financiera orientado a desviar el origen real del aporte y a eludir el reporte a Cuentas Claras”.
También quedó consignada la inconformidad de Arizabaleta y Carrillo por la operación de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) y la alteración de las facturas en la campaña presidencial.
El Pacto Histórico contrató el servicio aéreo para movilizar al entonces candidato presidencial a nivel nacional con dicha empresa. “El Consejo Nacional Electoral evidenció una discrepancia sustancial entre los valores reportados por concepto de transporte aéreo y los valores reales de los fletamentos. Sadi expidió facturas originales y, con posterioridad, las anuló mediante las notas de crédito NC31 y NC32, emitiendo facturas sustitutivas de valores sustancialmente menores”, se lee.
Según la Comisión, la comparación entre los registros de la Aeronáutica Civil, que certifica los vuelos operados efectivamente, las rutas, las fechas, las aeronaves y las facturas presentadas al CNE, “ofrece un elemento de prueba objetivo de que los valores reportados no corresponden a la realidad”. Los valores ocultados por ese concepto fueron de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda.
Otro de los temas que no convence a los congresistas es el aporte de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera a la campaña Petro Presidente. Entre el 8 y el 9 de junio de 2022, días antes de la segunda vuelta electoral, se aprobó mediante proposición interna en la USO el giro del dinero para “reforzar la segunda vuelta electoral”.
Ese aporte —según se lee en ese documento— “no aparece en el sistema Cuentas Claras, lo que configura una omisión deliberada de información contable ante la autoridad electoral. La proximidad temporal entre la asamblea de la USO (8 y 9 de mayo) y la segunda vuelta (19 de junio) excluye cualquier hipótesis razonable de que los recursos no hayan alcanzado a ser utilizados. Evidencia de que se trataba de recursos destinados a cubrir gastos para esa jornada específica”.
SEMANA conoció que Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta solicitaron nuevas pruebas dentro del proceso, entre ellas, información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.
De la misma manera, pidieron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra algunos de los implicados y comunicar a la Contraloría General y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de esta investigación.
El escenario no pinta favorable para Gustavo Petro.