A tres meses de finalizar la legislatura, en la Comisión de Acusación se libra una fuerte puja de poder porque dos congresistas cercanos a la Casa de Nariño quieren tener el control de cuatro investigaciones contra Gustavo Petro. Se trata de la presidenta, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.
Arizabaleta integra, junto con Carrillo y Alirio Uribe, el triunvirato que investiga a Petro por la presunta violación de topes electorales en la campaña de 2022 y que, como anticipó SEMANA, se perfila hacia una decisión absolutoria a favor del jefe de Estado. Su argumento sería que, al igual que en el caso de Ernesto Samper, todo ocurrió a sus espaldas.
Sin embargo, Petro tiene otras cuatro investigaciones por violación de topes. Arizabaleta, quien hoy preside la Comisión de Acusación, estimó que deben acumularse porque se trata del mismo hecho y solicitó a Carrillo, a través de la Resolución 484 del 17 de diciembre de 2025, los expedientes 6209, 6210, 6211 y 6608.
Carrillo respondió la solicitud de Arizabaleta y no la aceptó. “La presidenta de la Comisión de Acusación extralimitó sus funciones, toda vez que ello constituye una decisión procesal de carácter jurisdiccional que solo puede ser tomada o por los representantes investigadores en el interior de cada expediente o por la comisión en pleno”, dijo.
Consideró que Arizabaleta “pasó por encima de los representantes investigadores que conocían dichos expedientes y, a través de una decisión administrativa, tomó determinaciones de carácter procesal, lo que constituye un yerro jurídico en toda regla, pues no solo desconoce el reparto de expedientes realizado, sino también la autonomía judicial de los representantes investigadores, desconociendo que el presidente(a) de la comisión no es superior jerárquico de los representantes investigadores”.
En este contexto, Carrillo no accedió a la remisión de los expedientes porque, según él, “implicaría convalidar una actuación adoptada sin competencia”. Por lo tanto, “los expedientes deben continuar su trámite en el estado actual”, consideró.
Lo paradójico es que todos los presidentes de la Comisión de Acusación han ordenado la acumulación de investigaciones. De hecho, el propio Carrillo lo hizo cuando se convirtió en el primer presidente de ese órgano en el Gobierno Petro.
SEMANA conoció la Resolución 347 del 23 de marzo de 2023, donde Carrillo, en su calidad de presidente, resolvió “acumular de plano” los expedientes 5436 y 5670 “porque los procesos comparten identidad de sujetos y objetos, ya que corresponden a escritos presentados por el señor Édgar Mauricio Pérez en contra de Margarita Cabello Blanco en su condición de magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente por no haberse declarado impedida para conocer y votar un proceso en el alto tribunal”, se lee en el oficio.
Este medio confirmó que Gloria Arizabaleta no cederá a las pretensiones de Carrillo. La vallecaucana, quien fue esposa de Roy Barreras y fiscal durante varios años, se ha convertido en la mujer superpoderosa de la Comisión de Acusación.
En su calidad de presidenta, está al frente de las investigaciones que más líos le pueden generar a Petro, entre ellas, la que se abrió tras las explosivas denuncias del narco Pipe Tuluá, quien afirmó que inyectó recursos a la campaña presidencial de 2022; la que enfrenta el presidente por revelar la historia clínica del niño Kevin Acosta, quien falleció por hemofilia, y las supuestas chuzadas contra Abelardo de la Espriella.
Aunque Arizabaleta y Carrillo quieran, de verdad, investigar a Petro, no lo conseguirán porque la primera no fue reelegida representante –no aspiró el 8 de marzo– y el segundo saltó al Senado. En menos de cuatro meses solo podrán ayudarle al presidente archivando una buena parte de sus procesos.