La discusión de la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo De La Espriella empieza a mostrar sus primeros cambios. Tras las reuniones con congresistas y los reparos de diferentes sectores, el Ejecutivo ha tenido que replantear parte de su propuesta tributaria, especialmente en los puntos que podían trasladar nuevos costos a los hogares. Sin embargo, el ajuste está lejos de estar cerrado y todavía hay varias medidas que no cuentan con respaldo suficiente.
Uno de los cambios más importantes es que la iniciativa ya no contempla extender el IVA del 19 por ciento a productos de la canasta familiar. Café, azúcar, pastas y otros alimentos quedaron fuera de esa modificación, al igual que los insumos agrícolas, la maquinaria para el campo y los alimentos para mascotas. También se descartó, por ahora, elevar el IVA de los planes de medicina prepagada, que inicialmente pasarían de una tarifa del 5 al 19 por ciento.
Estos cambios obligan al Gobierno a buscar otras fuentes de recaudo para sostener el ajuste fiscal que pretende implementar. En esa línea, se mantiene la tarifa de renta corporativa del 35 por ciento, sin las reducciones que inicialmente se habían planteado para las empresas.
También continúa la propuesta de gravar los vehículos eléctricos e híbridos, las compras internacionales de bajo valor y los alojamientos turísticos de corta estancia ofrecidos a través de plataformas digitales.
En materia de renta, además, se estudia una sobretasa para personas naturales con ingresos superiores a siete millones de pesos, mientras que la devolución del IVA que se había proyectado para los hogares de menores ingresos dejaría de hacer parte de la iniciativa.
La discusión, no obstante, sigue abierta en varios frentes. El aumento de los aportes a salud de los trabajadores, los gravámenes a bebidas azucaradas y licores, la eventual reducción de la tarifa general del IVA y el cobro a determinados servicios de internet para estratos 1, 2 y 3 todavía no tienen una definición.
Tampoco existe claridad sobre el alcance de la reorganización estatal, que contempla recortes de gasto, posibles fusiones o eliminaciones de entidades y alternativas de venta de activos públicos como Ecopetrol e Isa.
El proyecto, que busca responder al déficit fiscal y financiar las obligaciones del Estado, aún no tiene ponencia para su discusión formal. Las modificaciones conocidas hasta ahora corresponden a conversaciones entre el Gobierno y los congresistas que participarán en su trámite.
Será en el Legislativo donde se definirá qué sobrevive de la propuesta, qué nuevas alternativas aparecen y hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo para conseguir respaldo.