La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Jorge Iván Ospina, recientemente designado como agente interventor de la Nueva EPS, y contra Luz María Múnera Medina, quien se desempeñó como superintendente de Salud ad hoc para esa entidad, por las presuntas irregularidades en el proceso de intervención de la aseguradora.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, mediante auto del 30 de abril de 2026, tras una queja presentada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud.
De acuerdo con el expediente, los hechos investigados se remontan al 10 de abril de 2026, fecha en la que se expidió la resolución mediante la cual se adoptaron decisiones relacionadas con la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS.
El Ministerio Público indaga una presunta extralimitación de funciones por parte de Múnera Medina al expedir dicho acto administrativo, así como posibles irregularidades en el nombramiento de Ospina como agente interventor. En particular, se cuestiona si el funcionario cumplía los requisitos legales exigidos para asumir ese cargo.
En el caso de Ospina, la investigación disciplinaria se centra en la eventual falta de acreditación de los requisitos para tomar posesión del cargo.
Según la Procuraduría, será necesario establecer si el designado cumplía las condiciones exigidas por la normativa vigente y si hacía parte de la lista de aspirantes habilitados para ese tipo de nombramientos.
Como parte de las pruebas, el ente de control ordenó solicitar a la Superintendencia Nacional de Salud documentos relacionados con los actos de nombramiento y posesión, hojas de vida, certificaciones laborales y el manual de funciones de los cargos en cuestión.
También requirió información sobre el proceso de selección del interventor y las actas del Comité de Medidas Especiales del 10 de abril.
La Procuraduría indicó que esta etapa busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria y establecer posibles responsabilidades, así como la existencia de causales de exclusión o terminación del proceso.