Cambio Radical les pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas para garantizar la imparcialidad del proceso electoral previsto para el próximo 8 de marzo, en el marco de las consultas interpartidistas.
La colectividad advirtió que dichas garantías son especialmente necesarias para proteger los derechos de los partidos que no participarán en estas consultas.
En un comunicado divulgado por el partido, se advierte que es fundamental cumplir de manera estricta lo dispuesto en la Ley Estatutaria 130 de 1994, que establece que la tarjeta electoral de las consultas debe ser entregada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria.
A juicio de Cambio Radical, la correcta aplicación de esta norma es clave para evitar confusiones, interpretaciones erróneas y posibles afectaciones a la equidad del proceso.
La colectividad recordó que la legislación es clara en señalar que las consultas internas de los partidos deben realizarse con reglas diferenciadas, como el uso de urnas separadas, y que los jurados de votación solo pueden suministrar el tarjetón correspondiente a quienes manifiesten su intención de participar en ellas.
Cualquier desviación de este procedimiento, advirtió el partido, podría vulnerar el principio de neutralidad del Estado frente a las organizaciones políticas.
En este contexto, durante la mañana de este lunes, el director de Cambio Radical sostuvo una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, en la que reiteró la necesidad de que estas instrucciones sean socializadas de manera formal con todas las fuerzas políticas.
Además, solicitó que la directriz sea comunicada de forma clara, precisa y uniforme durante la capacitación de los jurados de votación en todo el país.
Según el comunicado, el registrador coincidió en que la norma vigente no admite ambigüedades y expresó su disposición para garantizar su estricto cumplimiento.
Para ello, anunció que se impartirán las instrucciones correspondientes con el objetivo de prevenir interpretaciones equivocadas que puedan afectar la transparencia y la equidad del proceso electoral.