Las presuntas irregularidades, los casos de abuso, las desapariciones de menores y otros temas delicados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante los últimos años llevaron a que la representante Luz Marina Gordillo, del Centro Democrático, citara a la directora de la entidad, María Carolina Restrepo, a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a un debate de control político.
La cita será el próximo miércoles a las 9 a. m., donde la funcionaria deberá entregar información relacionada con cómo encontró la entidad con respecto al gobierno anterior y estas problemáticas que han sucedido con los menores de edad en el país.
La congresista ha venido poniéndole la lupa a este tema. En días recientes reveló que entre 2025 y el primer semestre de 2026, es decir, bajo la administración del expresidente Petro, se registraron más de 80.000 niños y niñas que ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos.
“Citamos a la directora del ICBF para que nos informe sobre la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes en relación con la restitución de sus derechos, los casos de abuso en los hogares del Instituto, la gestión del presupuesto y la grave problemática de sus desapariciones. Es momento de exigir respuestas y compromisos reales”, afirmó Gordillo.
El Congreso le consultará a la directora del ICBF cuántos de los más de 80.000 casos de restablecimiento de derechos ya fueron resueltos y cuántos continúan pendientes. Se trata de un proceso administrativo que se da cuando se identifica que los derechos de un menor están siendo amenazados o vulnerados.
Ese ejercicio en el Legislativo también permitirá resolver el principal cuestionamiento relacionado con los tiempos de atención, pues según la información que sustenta la citación, la Procuraduría identificó que algunos se dilataron hasta cuatro años, pese a que el término legal es de año y medio.
La representante Luz Marina Gordillo también le pedirá a la directora del ICBF información relacionada con las 176 visitas de inspección y vigilancia realizadas a instituciones a partir de denuncias, de las cuales se abrieron varios procesos administrativos sancionatorios.
También se tratará de establecer cuántas instituciones sancionadas continuaron prestando servicio o contratando con el ICBF y la información disponible sobre presuntos casos de violencia sexual en hogares de paso desde el 2024, uno de los temas más delicados.