Al Gobierno de Gustavo Petro no le sirvió adelantar gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para evitar la descertificación, tampoco proponer retornar a la aspersión aérea de cultivos ilícitos (prohibida por la Corte Constitucional en 2015), ni sostener reuniones de último minuto sobre este asunto.
Pese a los esfuerzos que hizo la administración Petro ante la Casa Blanca, el país terminó descertificado en la lucha contra el narcotráfico y quedó casi al mismo nivel de naciones como Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, que también fueron objeto de esta medida.
En Colombia algo sí cambió: por primera vez en casi tres décadas el país volvió a ser descertificado, tal como sucedió en 1996 durante la administración de Ernesto Samper, cuando Estados Unidos le dio una mala nota a ese gobierno tras el escándalo del Proceso 8.000 que vinculó al entonces mandatario con dineros provenientes del narcotráfico en la campaña presidencial.
La decisión de Estados Unidos podría afectar a todos los sectores y dejará coletazos que llegarán, incluso hasta 2026, cuando ya se haya elegido a un nuevo presidente o presidenta para llevar las riendas del Estado colombiano.
Samper, el único expresidente que ha tenido que lidiar con un rollo diplomático de este tipo, salió en defensa de Petro al asegurar que “Colombia ya pasó por una descertificación y puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro”.
La descertificación había sido el principal tema de la política en los últimos días. Y se había convertido en un comentario obligado de pasillo en los corredores de la Presidencia de la República, de la Cancillería e incluso entre quienes han ocupado cargos de Estado y que siguen conectados con funcionarios de la administración norteamericana. No obstante, era necesario conocer los alcances de las medidas que implementaría la Casa Blanca con esa decisión.
“Gracias a que los Estados Unidos diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, del Gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones”, reconoció el expresidente Iván Duque.
Las líneas que enunció el Departamento de Estado en el reporte publicado en la noche del lunes son claras: el cultivo y la producción de cocaína alcanzó niveles récord, los intentos del presidente de alcanzar acuerdos de paz con los grupos al margen de la ley (que Estados Unidos califica como terroristas) exacerbaron ese escenario y no se han alcanzado las metas en erradicación.
La descertificación no era un escenario extraño. Casi que en las cuentas de nadie estaba aprobado este examen anual con méritos. Como había dicho el exembajador Kevin Whitaker, en entrevista con SEMANA, “los resultados son los resultados”.
Las cifras oficiales son las que presenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en su reporte más reciente documentó cómo las hectáreas sembradas y la producción en estas se incrementaron. Colombia hoy, según ese informe, concentra el 67 % de la producción de hoja de coca en el mundo.
Daniel Mejía, experto en el tema y quien presidió la Comisión Asesora para la Política de Drogas, había compartido las cifras nada alentadoras de esta lucha. Por ejemplo, el programa de erradicación manual se redujo en un 93 %, mientras los cultivos ilícitos están sobre las 253.000 hectáreas, el récord más alto que el país ha registrado en su historia, como lo señala el comunicado del Departamento de Estado.
En el frente de las interdicciones de los cultivos ilícitos, que es la cifra de mostrar del gobierno, Mejía explicó que, si bien estas han aumentado, cuando se saca la tasa de incautación, esta ha caído del 43 % al 28 %. Lo cual hace que, al final, así se logre interceptar más cocaína, hoy llegue más de esta sustancia a Estados Unidos.
El exministro y precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, quien hizo parte del gabinete de Petro, aseguró que la decisión “es más política, en contra del Gobierno, que en las consecuencias que va a tener nuestro país para tener los recursos para seguir luchando contra el narcotráfico”.
Varios congresistas de partidos de oposición e independencia se habían acercado a funcionarios de la Casa Blanca y a legisladores demócratas y republicanos para manifestarles que las posturas del jefe de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico no representaban la visión que se tiene sobre este asunto en las demás instituciones o en la ciudadanía.
Además, los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder protagonizaron una gira de dos días por Washington en la que sostuvieron reuniones con funcionarios para llevar un mensaje similar, visita que desató la furia del Gobierno nacional, que los desautorizó en su intento de hacer diplomacia de ciudades. Lo claro es que el informe del Departamento de Estado deja ver que los mensajes de Gutiérrez y Eder sí fueron escuchados por los estadounidenses.
“He designado a Colombia por haber incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno. El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”, detalló el Departamento de Estado.
En un comunicado, la Cámara Colombo Americana explicó el alcance que tiene para el país la decisión del Departamento de Estado de que la descertificación venga acompañada de un waiver que “evita la aplicación inmediata de restricciones de asistencia y abre un compás de espera condicionado de hasta 12 meses para mostrar resultados verificables. En la práctica, la decisión preserva la cooperación bilateral, pero eleva la exigencia sobre metas y verificación".
“El waiver (exención por interés nacional) impide que entren en vigor, por defecto, las principales restricciones asociadas a la designación y mantiene la cooperación no humanitaria durante el año fiscal, sujeta a condiciones más estrictas, reportes y seguimiento. En el caso de Colombia, no hay sanciones automáticas ni uniformes: su eventual aplicación queda a criterio del presidente de EE. UU., en función de los resultados que el país acredite”, agrega.
La descertificación es la noticia más importante para la política internacional del país de este año. El anuncio llega cuando Petro ha protagonizado enfrentamientos diplomáticos con la Casa Blanca, ha defendido a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionada por Washington, y mientras el jefe de Estado afianza su vínculo con China y los BRICS. Recuperar la certificación será un asunto que necesitará de diplomacia, erradicación de cultivos y resultados verificables en esa lucha, y sobre todo, voluntad política de la Casa de Nariño.