La Misión de Verificación de la ONU presentó este lunes, 12 de octubre, en Nueva York, su más reciente informe sobre el seguimiento al Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.
Sin embargo, toda la expectativa giró alrededor de la posibilidad de que sea el primero y último en la era del presidente Abelardo De La Espriella ya que el mandato de la misión termina el 31 de octubre.
Aunque dicho trabajo podría ser renovado por un tiempo adicional, quedó clara la postura del Gobierno colombiano ante esta instancia y el canciller Omar Bula lanzó una propuesta clara.
Bula dijo que lo mejor sería focalizar y ajustar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia para definir unas prioridades.
Según lo dicho por el ministro de Relaciones Exteriores, se debería mantener el monitoreo estricto sobre la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad, pero dejar por fuera de la verificación internacional temas como la Reforma Rural Integral y la supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) junto con el capítulo Étnico.
“Corresponde a cada Gobierno en ejercicio de sus competencias constitucionales y democráticas, evaluar y proponer los ajustes que se consideren necesarios para lograr esquemas más eficaces sostenibles y acordes con las realidades territoriales, fiscales y de seguridad”, dijo el canciller.
Agregó: “Colombia propone focalizar el mandatario de la ONU a partir de estas realidades y porque sin seguridad no hay paz. La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”.
El representante de la cartera de Exteriores explicó que el Gobierno recibió la seguridad del país deteriorada con crecimiento de las estructuras criminales, fortalecimiento de las economías ilícitas, incremento del reclutamiento de menores y la expansión territorial de grupos armados ilegales.
“Las cifras no mienten”, dijo Bula, quien presentó las estadísticas, algunas dolorosas, como el aumento del 300 % en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en los últimos cinco años, verificado por Naciones Unidas.
Durante su intervención, el canciller dijo que después de 10 años de la firma de la paz, lo prometido no se cumplió y que la seguridad empeoró.
“Entre julio de 2016 y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros”, indicó.
Aseguró que los integrantes de grupos armados ilegales se quintuplicaron y pasaron de 6.000 a casi 30.000. “En 2023, se registraron cerca de 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína”.
En materia de cooperación con las Naciones Unidas, ratificó que Colombia seguirá cumpliendo su compromiso con el mandato de la Misión de Verificación y con las obligaciones derivadas del Acuerdo Final.
Sin embargo, presentó al Consejo una propuesta para focalizar el mandato de la misión en los componentes relacionados con la reincorporación y las garantías de seguridad, considerando que la Reforma Rural Integral corresponde a una política pública estructural cuya implementación debe integrarse de manera permanente a la institucionalidad del Estado colombiano.
Además, planteó la necesidad de evaluar con objetividad los resultados del Acuerdo y de fortalecer una estrategia que garantice seguridad efectiva para todos los ciudadanos.