La propuesta del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de convertir a Barranquilla en una 'capital alterna’ de Colombia abrió un debate sobre la viabilidad jurídica de esa iniciativa y los pasos que tendría que surtir para hacerse realidad.
Aunque la idea ha sido presentada como parte de una estrategia para fortalecer el Caribe y avanzar en la descentralización del país, su materialización dependerá del alcance que finalmente tenga el proyecto.
Actualmente, la Constitución Política establece que Bogotá es el Distrito Capital de la República y la sede de los principales órganos del poder público. Sin embargo, esa condición no impide que el Gobierno nacional desarrolle actividades oficiales desde otras ciudades.
De hecho, el presidente puede instalar consejos de ministros, sancionar leyes, firmar decretos e incluso despachar temporalmente desde cualquier lugar del territorio nacional, sin que ello implique un cambio en la capital del país.
Por esa razón, una de las primeras decisiones será definir qué significa exactamente el concepto de ‘capital alterna’.
Si la intención es otorgarle a Barranquilla un reconocimiento de carácter simbólico o administrativo, el Gobierno podría impulsar un proyecto de ley ante el Congreso que establezca esa denominación y promueva la presencia permanente de algunas entidades nacionales en la ciudad.
No obstante, si el objetivo es que Barranquilla adquiera un estatus similar al de Bogotá como sede oficial de instituciones del Estado o de alguno de los poderes públicos, expertos en derecho constitucional consideran que sería necesaria una reforma a la Constitución.
Esa reforma debe darse mediante un acto legislativo que exige la aprobación del Congreso en ocho debates distribuidos en dos periodos ordinarios. Dos rondas completas en Senado y dos completas en Cámara.
En ese escenario, también habría que definir cuáles funciones se trasladarían a la capital del Atlántico y qué implicaciones tendría para la organización administrativa del Estado.
Entre las alternativas que podrían estudiarse están la instalación de ministerios, agencias nacionales o despachos presidenciales con funcionamiento permanente en la ciudad, así como la realización periódica de sesiones oficiales del Gobierno.
Hasta el momento, la propuesta no ha sido radicada como iniciativa legislativa, por lo que aún no se conocen sus alcances jurídicos ni el mecanismo que utilizará el nuevo Gobierno para impulsarla.
En consecuencia, el debate apenas comienza y será el contenido del eventual proyecto el que determine si se trata de un reconocimiento honorífico para Barranquilla o de una transformación de mayor alcance en la estructura institucional del país.