El Consejo de Estado admitió la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia contra la creación del partido Progresistas, que lidera la senadora María José Pizarro, y que es promovida por otras figuras clave del petrismo, como el representante a la Cámara, David Racero.
La conformación de la colectividad de izquierda fue admitida en días pasados por el Consejo Nacional Electoral y ese sector político ya está en trámites para integrarse al partido único del Pacto Histórico. No obstante, Valencia ha advertido sobre posibles irregularidades en la conformación de la colectividad.
Valencia alega que las resoluciones del CNE que admitieron la personería jurídica de Progresistas habrían sido emitidas con una infracción a la norma, violando artículos de la Constitución Política.
Según la congresista del Centro Democrático, el CNE habría desconocido la ley estatutaria, al supeditar la creación de Progresistas al cierre de los procesos sancionatorios iniciados por la autoridad electoral contra el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Justamente, la senadora Pizarra fue avalada dentro de la lista del Pacto Histórico de 2022 por el Mais, pero esa colectividad no se sumó al proyecto del partido único promovido por el presidente Gustavo Petro. La nueva colectividad ya está andando y representaría al petrismo en las elecciones del 2026, comicios en los que Iván Cepeda será el candidato de la coalición.
La senadora Valencia había presentado una demanda de nulidad ante la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que pedía tumbar la personería jurídica de ese nuevo partido.
El CNE certificó oficialmente el reconocimiento de la personería jurídica del partido político en cumplimiento de la Resolución No. 09111 de 2025. Con ese contexto, Pizarro había un llamado al CNE a acelerar el otorgamiento de la personería jurídica al Pacto Histórico, sin condicionamientos, para permitir el tránsito hacia una unidad plena y sin traumatismos entre las colectividades que integran el proyecto político del cambio.