Al término del consejo de ministros, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha de la primera fase de un plan de choque para atender a pacientes que tienen pendientes medicamentos o procedimientos médicos.
Durante su intervención, De La Espriella aseguró que entre enero y julio de este año se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, lo que representa, según sus cifras, unos 5.772 reclamos diarios. De ese total, señaló, el 92 % estaría relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
“Por eso he dado instrucciones a la señora ministra de Salud para poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud”, afirmó el presidente.
Según explicó, el Gobierno identificó, mediante el cruce de información disponible y el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.
El jefe de Estado señaló que entre los pacientes identificados se encuentran personas con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, además de pacientes con epoc, asma, problemas de salud mental y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.
El plan contempla identificar a cada paciente, establecer cuál es la atención pendiente y determinar qué medicamento o procedimiento necesita y qué entidad debe garantizarlo.
Sin tregua
En la misma declaración, De La Espriella se refirió al paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y anunció que viajaría a Santa Marta para dirigir personalmente las operaciones de seguridad.
“Personalmente voy a dirigir las operaciones porque nadie va a hacer paro armado en la era del Tigre”, sentenció.
El presidente dio una fuerte advertencia a los integrantes de los grupos armados: “Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”.
Finalmente, sostuvo que su Gobierno utilizará “todo el peso y el poder del Estado” contra quienes pretendan afectar a la población colombiana.