La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Inclusión Social tomó la decisión de abrir investigación en la Unidad para las Víctimas, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades, luego de que SEMANA denunciara aparentes inconsistencias en la entidad.
Documentos y testimonios en poder de esta revista dan cuenta de presuntas presiones a contratistas para inflar costos. Además, se cuestionan las compras con comunidades indígenas en medio de la gira de la Unidad por el país, los aparentes salarios injustificados y posibles excesos en viáticos.
Versiones recogidas por este medio pondrían en evidencia una posible estrategia de las directivas para aceitar las elecciones del próximo año con los recursos públicos. La lupa está puesta sobre un clan político de Santander, liderado por cuestionados líderes de Barrancabermeja.
El senador Gustavo Moreno es el padrino político. El Gobierno Petro le entregó esta entidad por los votos que le ha dado en el Congreso de la República a las reformas y proyectos presentados a lo largo de esta administración.
La Contraloría detalló a SEMANA que requirió documentación a la Unidad para las Víctimas sobre las contrataciones. De igual manera, ordenó la acción de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, para que ponga la lupa sobre las mallas contractuales.
El ente de control fiscal también investiga otras denuncias sobre el fondo de reparación de las víctimas, cuyos hechos se remontan a los últimos años.
Entre tantas cosas, hay quejas por presuntas inconsistencias en el proceso de reparación administrativa por desplazamiento forzado: “A pesar de existir actos y resoluciones, los pagos no se han efectuado”; y no hay avance en la comercialización de bienes.
Un juzgado adscrito a Justicia y Paz pidió investigar aparentes inconsistencias en 49 bienes inmuebles con extinción de dominio que corresponden al bloque Héroes de Tolová: “No se advierte de avance en la comercialización de los bienes, no hay ingresos por administración acorde a los avalúos catastrales y comerciales”.
Otro juzgado envió un oficio, en las últimas semanas, pidiendo explicaciones por un polémico negocio de la entidad: “Inmueble entregado al Fondo, con un estimado comercial de 866 millones de pesos, con plantaciones de caucho, fue vendido por 250 millones de pesos a la Agencia Nacional de Tierras. Se solicita auditar la venta de ese inmueble que hace parte de los bienes entregados por el Bloque Mineros de las AUC para reparar a las víctimas”. Otro predio más, avaluado en 920 millones de pesos, fue vendido en 261 millones de pesos.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Medellín encendió alarmas por “irregularidades presentadas en el manejo y administración de los bienes entregados, denunciados e investigados, al extinto Gaoml”.