La caída del Presupuesto General de la Nación para 2027, por un presunto vicio de trámite legislativo, desató cuestionamientos contra el Ministerio de Hacienda y puso en el centro de la controversia la responsabilidad de los funcionarios encargados de garantizar la legalidad del proyecto.
Una de las críticas apunta directamente al equipo jurídico de esa cartera, al que señalan de haber cometido un error que terminó comprometiendo el trabajo realizado por el Congreso durante la discusión presupuestal.
“¿Dónde queda la responsabilidad de los abogados del MinHacienda? Se pierde el trabajo de Cámara y del Senado por falta de cuidado y rigor de funcionarios del Gobierno”, señaló el representante liberal Octavio cardona.
Por su lado, el senador Carlos Fernando Motoa cuestionó el manejo del trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación y aseguró que había advertido sobre la responsabilidad de los ponentes en el seguimiento de los proyectos de ley, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
“Es insólito lo sucedido con una ley importante como lo es PGN”, afirmó, al señalar que el episodio evidencia fallas en el procedimiento de una iniciativa clave para las finanzas del Estado.
Motoa también criticó que se pretendiera otorgar competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una ley temporal, sin naturaleza orgánica, y resumió su cuestionamiento con la expresión “todo mal”.
Frente al desenlace del trámite presupuestal, sostuvo que el Gobierno terminará incorporando mediante decreto lo aprobado en las comisiones económicas conjuntas, lo que vuelve a poner sobre la mesa el papel de los ponentes y los controles que debieron garantizar la correcta aprobación del proyecto.
El senador del partido de la U, Antonio Correa, también señaló los errores de “afán” que se cometieron en el trámite del PGN: “Le dije al Gobierno, escuchen, debatamos, concertemos! Por correr a entregarle una victoria al gobernante, como si fuésemos un apéndice del Ejecutivo. Hicieron las cosas mal de fondo y de forma. El país necesita una reforma política seria donde los elegidos por el pueblo le cumplan a el pueblo y no a el del lapicero”.
Los cuestionamientos se producen después de que se detectara una inconsistencia en el trámite del artículo 65 del proyecto.
La proposición que modificaba ese apartado habría sido incorporada al texto como si hubiera recibido el aval de la Plenaria del Senado, pese a que no habría sido votada por esa corporación.
La Cámara de Representantes, por su parte, habría aprobado una versión diferente. Ante esa divergencia, era necesario adelantar una conciliación para unificar los textos, procedimiento que no se habría realizado antes de vencer el plazo legal.
Otra de las reacciones cuestionó precisamente ese punto: “Se cayó el Presupuesto General de la Nación por un vicio de trámite. Incluyeron una proposición que el Senado nunca votó y omitieron la conciliación. El Gobierno podría terminar expidiéndolo por decreto”.
El episodio deja al Ejecutivo frente a un escenario complejo. El proyecto contemplaba un presupuesto cercano a los 635 billones de pesos para 2027 y había superado las votaciones en las plenarias del Congreso. Sin embargo, la diferencia entre los textos aprobados comprometería la validez del procedimiento legislativo.
Así las cosas, el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendría que expedir el presupuesto mediante decreto, con un monto que podría diferir del aprobado durante el trámite legislativo.
La controversia abre interrogantes sobre los controles jurídicos aplicados durante la discusión y sobre quién debe responder por una falla que podría dejar sin efecto semanas de debate parlamentario.