Aunque en la madrugada de este 20 de octubre la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación, tras surtir el trámite en el Senado, SEMANA conoció que lo aprobado tuvo un vicio de trámite y el proyecto se hundió.
Justamente, el plazo máximo para que se aprobara en el Congreso esta iniciativa era este 20 de octubre y, aunque las plenarias hicieron su trabajo, un error de los abogados del Ministerio de Hacienda vició el trámite.
Fuentes del Congreso le confirmaron a SEMANA que el vicio de trámite se presentó por una proposición que tenía el aval del Gobierno, pero que fue incluida como si hubiera sido votada en el Senado.
Aunque dicha proposición tenía el aval, no fue votada en el Senado y la Cámara adoptó el texto de dicha corporación. Por esa razón, la iniciativa del Gobierno se cae automáticamente.
Los abogados del Ministerio de Hacienda, según las fuentes del Congreso, incluyeron dicha proposición en el paquete de propuestas votadas por el Senado. Es decir, quedó incluida una propuesta que no se votó.
Eso significa que la Cámara y el Senado aprobaron textos diferentes y debió darse una conciliación, trámite que no se hizo. Según la Ley 5 de 1992, si no se da una conciliación, se da por entendido que la iniciativa se hundió. No obstante, el debate podría darse alrededor de si se hunde el proyecto en su totalidad o únicamente el artículo viciado.
Ese será un asunto jurídico que se resolverá en los próximos días, pero políticamente la iniciativa está muerta.
El vicio se presentó en el artículo 65 porque en el Senado se votó como venía en la ponencia, pero en la Cámara votaron el texto que tenía una proposición. Nadie se percató de ese error que ahora pone en aprietos al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
Dicho artículo dice: “Las operaciones de cobertura previstas en los artículos 129 de la Ley 2010 de 2019 -Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal- y 33 de la Ley 1955 de 2019 -Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles- se podrán estructurar, contratar y ejecutar en forma conjunta, como parte de un programa integral de mitigación de los riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del peso colombiano por el dólar estadounidense. Los costos generados por la ejecución de dichas operaciones se podrán asumir con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación cuando los recursos disponibles en dichos fondos sean insuficientes. Las operaciones de cobertura de que trata el presente artículo se podrán administrar por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a través de cuentas independientes mientras son incorporadas a los fondos respectivos. En caso de percibirse recursos en virtud de las operaciones de cobertura, estos podrán ser incorporados en los estados financieros del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal - FEIF para posterior utilización de los mismos”.
Diferentes sectores políticos responsabilizan a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero también a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que está en cabeza del conservador Nicolás Bargüil.
Según explicó Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara del Centro Democrático, el Senado aprobó el artículo 65 sin incorporar una proposición presentada por Juan Caicedo, quien finalmente la retiró y la dejó como constancia. Sin embargo, la Cámara aprobó el mismo artículo incluyendo esa modificación.
Esta diferencia, que debió resolverse mediante una conciliación entre ambas corporaciones, hundió el proyecto. “En sana técnica legislativa necesitaba conciliación y no se concilió”, advirtió.
Para el representante Pérez, una de las alternativas sería que el Gobierno sancione la ley y permita que la Corte Constitucional determine los efectos del vicio de procedimiento. “El tema salió del campo económico para volverse un tema del campo jurídico”, aseguró. Ese camino es poco viable, pero existe.
No obstante, reconoció que no existe claridad sobre lo que pueda pasar, debido a la complejidad de lo ocurrido y a los casi que inexistentes antecedentes.
Más allá de la controversia legislativa, la caída del texto aprobado en segundo debate tendría consecuencias sobre las adiciones presupuestales destinadas a diferentes entidades del Estado.
Entre los recursos que podrían quedar comprometidos se encuentran:
$3 billones para el sector salud.
$100.000 millones para la educación.
$100.000 millones para la Registraduría Nacional.
$100.000 millones para el Invías.
$100.000 millones para la Rama Judicial.
$30.000 millones para la Defensoría del Pueblo.
$26.500 millones para el Ministerio de Ambiente.
$70.000 millones para subsidios del gas GLP.
También estarían en discusión recursos adicionales destinados al sector eléctrico y a defensa. “A mí lo que más me duele es que se pierden 3 billones para la salud”, dijo.
¿Qué pasaría si el Gobierno expide el presupuesto por decreto?
Una de las alternativas planteadas es que el Gobierno tenga que acudir al presupuesto aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso.
En ese escenario, según explicó Pérez, el monto global se mantendría en aproximadamente $634,9 billones, pero no quedarían incorporadas algunas de las adiciones aprobadas posteriormente durante el trámite legislativo.
Esto significa que la controversia no estaría concentrada necesariamente en el valor total del presupuesto, sino en la distribución de recursos entre sectores y entidades.
No obstante, el alcance de esta salida dependerá de la interpretación jurídica de la Casa de Nariño.
Para Pérez podría haber otra salida en enero de 2027 y consiste en que el Gobierno convoque al Congreso a sesiones extraordinarias en ese mes y presentar un proyecto de adición y traslado presupuestal, incluso con mensaje de urgencia, para recuperar los recursos que queden por fuera.
Esta opción permitiría tramitar nuevamente las asignaciones para salud y otros sectores, aunque dependería de la aprobación del Legislativo.
En todo caso el país no se quedará sin presupuesto, pero el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá que buscar las salidas para solucionar la crisis fiscal que dejó la anterior administración de la Casa de Nariño.