La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva advertencia sobre los riesgos que rodean la próxima jornada electoral en Colombia y alertó que, aunque las votaciones podrían realizarse, existen serias amenazas contra la libertad real del proceso democrático.
Según el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, la respuesta institucional ha sido insuficiente. La entidad estableció que el cumplimiento de las recomendaciones emitidas apenas alcanza el 42 %, mientras que el 58 % restante presenta rezagos o desatención. Uno de los puntos más críticos es la falta de respaldo efectivo a las organizaciones políticas, que registra cumplimiento nulo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el principal riesgo no es la suspensión de los comicios, sino que estos se desarrollen bajo presiones ilegales. La funcionaria señaló que en varias regiones los grupos armados han consolidado estructuras de control que les permiten influir en campañas, restringir candidatos e imponer reglas a los votantes.
El informe documenta 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos durante el periodo preelectoral, con mayor incidencia en departamentos como Santander, Nariño, Antioquia y Magdalena.
Además, el número de municipios bajo alerta aumentó. Actualmente, 69 territorios están en riesgo extremo, 168 en riesgo urgente y 433 en riesgo prioritario, lo que evidencia la expansión de factores de violencia y presión electoral en el territorio.
Entre los grupos criminales que menciona la Defensoría están el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Farc, el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) la autodenominada Segunda Marquetalia.
También se constituyen como fuente de amenaza el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros.
La Defensoría también alertó sobre amenazas contra candidatos, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres, periodistas y funcionarios públicos, quienes enfrentan intimidaciones, restricciones a la movilidad y ataques que podrían afectar el desarrollo normal de las elecciones. Sobre esto último, viene ocurriendo en Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.
Frente a este panorama, la entidad pidió al Ministerio del Interior asumir un liderazgo más efectivo en la coordinación institucional y al Ministerio de Defensa garantizar la seguridad electoral. También solicitó a la Fiscalía fortalecer las investigaciones y a la Procuraduría vigilar el cumplimiento de las medidas.
La Defensoría concluyó que, sin acciones urgentes, el país enfrenta el riesgo de que la violencia y la presión ilegal distorsionen la voluntad de los votantes.