La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, presenta este lunes, 23 de febrero, el informe de seguimiento de la Alerta Temprana 013 de 2025, la cual se emitió ante posibles riesgos que pueden afectar el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos en los procesos electorales de 2026.
La conclusión radica en que, pese a que se dieron a conocer recomendaciones para el Gobierno y demás instituciones estatales, luego de cuatro meses de emitida, existe “baja respuesta” del Estado en torno a actuar para mejorar las condiciones.
Dentro de la Alerta Temprana fueron incluidos los municipios vulnerables, según el grado de advertencia. En principio, eran 257 en Llamado a la Acción Ordinaria; 216 en Llamado a la Observación Permanente; 425 en Llamado a la Acción Prioritario; 162 en Llamado a la Acción Urgente y 62 en Llamado a la Acción Inmediata.
A la hora del seguimiento, de acuerdo con la institución, creció el número de municipios en Llamado a la Acción Prioritario (433), Llamado a la Acción Urgente (168) y Llamado a la Acción Inmediata (69).
Y al valorar la respuesta estatal a aquellos llamados, encontraron resultados con un Índice de Respuesta Estatal que no supera el 65 % y que, en algunas casos, se ubica en un 0 % de respuesta.
Por ejemplo, en el caso de fortalecimiento comunitario y organizativo, recomendación emitida al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre pago oportuno de reposición de votos de 2023, ha habido un avance del 0 %, dado que la autoridad no presentó un cronograma para cumplir y tampoco informaron causas del retraso.
Igualmente, en la recomendación dirigida a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), Ministerio del Interior, que busca articulación, coordinación y la implementación del Decreto 800 de 2025, solo ha avanzado un 29 %.
Y las acciones que se pidieron a la Fuerza Pública, con el fin acompañar antes, durante y después de los procesos electorales, han avanzado solo en un 65 %, a pocas semanas de las elecciones legislativas.
La Defensoría del Pueblo lo atribuye, en parte, a la falta de “coordinación estatal”, en el sentido que “la falta de articulación está debilitando la gobernanza y la capacidad de respuesta del Estado”.
Entre otras razones, señala faltas de garantías en seguridad, riesgo a la participación política en zonas Citrep y barreras en el acceso a la justicia.
Por esa razón, la institución lanza otras seis recomendaciones a las entidades estatales: coordinación de la respuesta rápida; disuasión de la amenaza y garantías de seguridad; prevención y protección de candidaturas y población en riesgo; investigación y judicialización de los delitos electorales; fortalecimiento de la participación y confianza ciudadana, y vigilancia y control institucional.
