Las autoridades nacionales revelaron que durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio se registraron 274 denuncias por presunto constreñimiento al sufragante en diferentes regiones del país.
De acuerdo con las autoridades, esa cifra es objeto de verificación por parte de los organismos competentes y pone sobre la mesa las presiones que algunos ciudadanos habrían enfrentado al momento de ejercer su derecho al voto.
El balance fue presentado por los ministerios del Interior y de Defensa, que destacaron que las denuncias fueron recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y la Línea Anticorrupción 157, mecanismos habilitados por el Gobierno para monitorear posibles irregularidades durante la jornada electoral que definió al próximo presidente de Colombia.
Según el informe oficial, los reportes se originaron en 98 municipios de 28 departamentos. Bogotá concentró el mayor número de denuncias, con 97 casos, seguida por Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga.
Estas cinco ciudades acumularon más de la mitad de los reportes recibidos en todo el territorio nacional, evidenciando una marcada concentración de los presuntos hechos en zonas urbanas.
Uno de los aspectos más llamativos del reporte tiene que ver con la identificación de los presuntos responsables.
Las campañas políticas aparecen vinculadas al 27 por ciento de las denuncias, mientras que funcionarios públicos representan el 24 por ciento y empresas privadas el 23 por ciento. En conjunto, estos tres sectores concentran el 74 por ciento de los casos reportados por la ciudadanía.
Por otra parte, los grupos armados organizados ilegales fueron mencionados en 23 denuncias, equivalentes al 9 por ciento del total. Aunque históricamente este tipo de actores ha sido asociado con delitos electorales en algunas regiones del país, el informe señala que la mayor parte de los reportes apunta hacia otros sectores.
Las autoridades insistieron en que todas las denuncias corresponden a presuntos hechos que deberán ser corroborados mediante las investigaciones en curso. En ese sentido, recalcaron que los casos ya fueron trasladados a las entidades competentes para determinar responsabilidades y establecer si efectivamente existieron conductas que vulneraron la libertad del elector.