Luego del frente frío que impactó a ocho departamentos, en febrero de 2026, el Gobierno del expresidente Gustavo Petro declaró la emergencia por 30 días, lo que permitió que la Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, firmara cuatro contratos a través de una urgencia manifiesta y sin licitación por un total de 41.992 millones de pesos, que con adiciones llegó a los 62.256 millones, destinados a la compra de equipos para los bomberos del país, en plena Ley de Garantías.
El actual ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró en un video que, tras una auditoría realizada a esos procesos, encontraron varias presuntas irregularidades que ya fueron presentadas ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que determinen qué habría sucedido.
SEMANA conoció por fuentes de los órganos de control y judiciales detalles de esas presuntas irregularidades que serán investigadas y sobre las que se deberán determinar responsabilidades y establecer qué habría pasado con los kits para los bomberos, que según la denuncia, no han sido entregados.
Una de las primeras dudas sobre los contratos es que el frente frío se caracterizó por fuertes inundaciones, pero las necesidades de los bomberos en estos contratos fueron para atender incendios.
Solo 313.600.000 pesos se destinaron para las inundaciones, mientras que el resto, es decir, casi 62.000 millones, se fueron para los equipos para bomberos contratados, de los cuales ya se habrían pagado 54.966 millones a los contratistas.
Uno de los hechos que más genera ruido es que las facturas más grandes se emitieron el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial. Una alerta adicional es que, según dijo Lara en el video que publicó la Presidencia, algunos de esos equipos aún no han sido entregados. “Un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero a la vez acredita que los deja en la bodega del vendedor”, reclamó Lara.
Según los documentos en poder de las autoridades judiciales y de control, los cuatro contratos firmados en ese proceso y que deberán ser investigados son: Multisolutions America S.A.S., suscrito el 30 de marzo por 25.698.161.730 pesos; Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. por 24.063.598.700 pesos; Representaciones Fonina S.A.S. por 3.940.442.098 pesos; y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S. por 1.263.602.344 pesos.
La alerta en el caso de los cuatro contratos firmados fue que algunos se suscribieron después de finalizados los 30 días establecidos en la declaratoria de emergencia, por lo que se cuestiona si se trató de otra inconsistencia.
El contrato con Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. es uno de los que más ruido ha generado. Se menciona que se entregarían 744 elementos para los bomberos, entre los que había cascos y trajes, monjas de protección, guantes, botas, linternas, equipos de respiración autónoma y máscaras forestales. Sin embargo, en el acta de entrega se registraron 671 elementos por un valor de 1.775.509.821 pesos, frente a los 3.209.636.701 pesos facturados. ¿Qué pasó con los 73 equipos faltantes por valor de 1.434.126.880 pesos?
A eso se le suma que varias de las actas de entrega no habrían sido firmadas en los tiempos establecidos por los supervisores y funcionarios de la entidad, entre ellos uno que certifica que la Dirección Nacional de Bomberos recibió a satisfacción los bienes adquiridos, y que habría dudas sobre los soportes relacionados con costos logísticos y de importación, entre otros.
Un documento de facturación electrónica de venta ante la Dian de la empresa Makei S.A.S., fechado el 11 de abril de 2026, refleja que el costo total de los productos adquiridos fue de 3.209.636.701 pesos, mientras que un documento de la Dirección Nacional de Bomberos del 7 de abril –cuatro días antes– detalla la entrada al almacén de los equipos por un valor de 1.775.509.821 pesos, es decir, presenta una diferencia de 1.434.126.880 pesos, además de que las fechas sugieren que primero ingresaron los equipos al almacén de Bomberos y luego fueron facturados.
El 25 de mayo, según los formatos presentados, se dejó constancia de que en esa fecha los bienes se encontraban “en custodia del proveedor”, aunque no se especificaron las razones de esa decisión.
El 20 de junio se registró una nueva recepción de equipos como cascos, trajes, monjas de protección, guantes, botas, linternas, máscaras forestales, equipos de respiración, radios de base y portátiles, los cuales, según los documentos, también permanecieron almacenados por el contratista en Barranquilla mientras se adelantaban las condiciones logísticas para trasladarlos a las instalaciones de la Dirección Nacional de Bomberos en Bogotá; sin embargo, a octubre de 2026 “no se encuentra evidencia de la entrega de los equipos facturados”.
“Durante la ejecución del Contrato No. 076 de 2026 se identificaron diferencias entre las cantidades facturadas y registradas como recibidas, versiones diferentes de informes de supervisión, documentos sin las firmas correspondientes, diferencias entre valores consignados en documentos presupuestales y contractuales, bienes registrados posteriormente bajo custodia del proveedor y requerimientos de entrega efectuados después del vencimiento del plazo contractual”, alertaron.
Algunos de los delitos que dicen que se pudieron haber cometido son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Se recomienda que se practiquen interrogatorios y entrevistas a los funcionarios que participaron de la estructuración, el trámite y la celebración de los contratos, así como examinar las facturas y los soportes que se presentaron en medio del proceso. Y que se revisen las facturas con Makei, que suman 21.653.781.452 pesos, que representan los kits que no habrían sido entregados.
SEMANA habló con Ángela Infante, gerente y representante legal de Makei, quien dijo que no es cierto que no se hayan entregado los kits para los bomberos y que la misma entidad, al finalizar el Gobierno anterior, suministró estos elementos a distintos cuerpos del país. Dijo que son el mayor importador de estos elementos en Colombia y por eso han ganado varios procesos para vender los kits a la Dirección Nacional de Bomberos.
“Nos contactó la entidad para hablar de la oferta que habíamos presentado para hacer contratos con nosotros. Tenemos firmados contratos internacionales, que están siendo vigilados. Hacemos el contrato, reviso el inventario que tenemos tanto en Zona Franca como en las bodegas y lo aceptamos”, aseguró.
Infante afirmó que para el momento de la entrega de los kits, la Dirección Nacional de Bomberos “no tenía el espacio suficiente para almacenar los productos que íbamos a entregarles porque tienen su bodega llena del año pasado” y por eso los habrían tenido durante un tiempo. Además, mencionó que la exdirectora de Bomberos Lina Marín le habría dicho que no tenía sentido trasladar los elementos hasta Bogotá para posteriormente enviarlos a distintas partes del país y que varios terminaron en municipios de la Costa Atlántica.
La representante legal aseguró que el objetivo del contrato no era solo para el frente frío, sino que se especificó una “variabilidad climática” en la declaratoria de emergencia.
Sobre los documentos que supuestamente no estarían firmados por los supervisores de Bomberos, Infante afirmó que en una de las cuentas sobre las que hay dudas, el funcionario estaba en Bogotá y por eso no se ve la firma de manera preliminar, pero que en los documentos que se subieron al Secop quedó registrada la firma de manera digital y todo estaría en regla.
Sobre algunos valores de cuentas que no coincidirían, dijo que se debe a que se entregó una especie de anticipo de esos kits, lo cual, según ella, estaba permitido en el contrato, para recibir el pago del 20 por ciento.