A pocas horas de que comenzara la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno Nacional quedó en el centro de la polémica por una presunta avalancha de contratos interadministrativos que superan los 2,1 billones de pesos.
La denuncia la hicieron la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quienes alertaron sobre una posible “contratitis” en la primera semana de noviembre.
Miranda señaló que entre el 7 y el 8 de noviembre se firmaron 1,5 billones de pesos en convenios, según registros de Colombia Compra Eficiente, la plataforma oficial de contratación pública.
“Más de $1,5 billones en contratos en 24 horas. Sin concursos, sin reglas, sin decencia, sin convocatorias públicas. Esto no es gestión, es convertir recursos públicos en maquinaria electoral a favor del Pacto Histórico”, escribió la congresista en su cuenta de X.
Por su lado, el concejal Briceño complementó la denuncia con una tabla que detalla las entidades que más recursos comprometieron antes de la restricción electoral.
Entre ellas destacan el Ministerio del Trabajo, con $770.095 millones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con $311.686 millones; el Ministerio del Interior, con $292.700 millones, y el Ministerio del Deporte, con $155.039 millones.
También aparecen cifras relevantes en Prosperidad Social, la Agencia de Renovación del Territorio y el SENA, con contratos por decenas de miles de millones.
“Entre el 1 y el 7 de noviembre se firmaron convenios interadministrativos por 2,1 billones de pesos. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, cuestionó Briceño.
Las denuncias llegan justo cuando la Ley de Garantías prohíbe nuevos convenios interadministrativos hasta después de las elecciones, con el fin de impedir que los recursos públicos se utilicen con fines electorales. Hasta ahora, nadie de las entidades mencionadas del Gobierno Nacional se han pronunciado sobre la ola de contratos.